Todos hemos visto alguno. Un falso comunicado con el logotipo de una dependencia federal anuncia, con la solemnidad de siempre, que este año el aguinaldo se pagará en vales de despensa. La tipografía es idéntica, el escudo está en su sitio y la redacción imita el tono burocrático hasta volverlo caricatura. Lo publica una página con miles de seguidores que vive de la publicidad, y durante unas horas hay quien lo cree y lo reenvía preocupado a su familia. Al día siguiente casi todos nos reímos. Con la reforma que el Senado aprobó el 30 de septiembre, a un fiscal con ganas le bastaría poco para encuadrar ese chiste en un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel.
Quien hoy sale a defender el meme haría bien en revisar primero su propio historial. Muchos de nosotros celebramos la burla cuando apunta al adversario y la llamamos linchamiento cuando apunta a los nuestros. Pedimos que se retire el video que deforma a la figura que admiramos y compartimos sin pudor el que ridiculiza a la que detestamos. Esa selectividad la pagamos todos: deja la libertad de expresión a merced de quien gobierna en turno. Creer en ella se demuestra el día en que la sátira nos ofende, y es precisamente ese día cuando una ley como esta encuentra aplausos.
El apodo de ley antimemes mezcla dos reformas, y conviene leerlas en su texto antes que en sus intenciones. La primera, aprobada por el Senado y pendiente en Diputados, crea en la ley de propiedad industrial un delito para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica, los dominios o los documentos de una institución pública, con la finalidad de inducir a error sobre su origen oficial para cometer un ilícito. La iniciativa presidencial pedía de tres a siete años de prisión; el Senado la rebajó a uno a cinco sin añadir una palabra que excluya la sátira. La segunda, aprobada en lo general por Diputados el 7 de octubre, hace responsables a las plataformas que no retiren con prontitud contenidos que infrinjan derechos de autor, bajo multas de más de cuatro millones de pesos.
Para saber qué castiga de verdad una ley nueva hay que restarle lo que ya castigaban las viejas. Engañar a alguien para quedarse con su dinero es fraude, y la tentativa se persigue desde que comienza el engaño. Falsificar un documento público cuesta de cuatro a ocho años de prisión; falsificar sellos oficiales, de cuatro a nueve; hacerse pasar por servidor público y ejercer sus funciones, de uno a seis. Lo que la reforma añade es el resto. Ahí cabe el portal falso que todavía no engaña a nadie, y caben la parodia, la sátira y la caricatura, que imitan sin falsificar, sin usurpar y sin quitarle un peso a nadie. Frente a un falsificador real, un fiscal preferirá los delitos viejos, que pesan más. El nuevo le servirá donde aquellos no llegan.
Una ley penal tiene que describir la conducta con tal precisión que cualquiera sepa de antemano lo que le está prohibido. Este texto falla en cada elemento que debía proteger al ciudadano. Imitar e incorporar es lo que hace toda parodia. La escala comercial viene de los tratados de comercio, pensada para la piratería en volumen, y aquí se trasplanta a un medio donde cada publicación circula a escala y cualquier página con anuncios tiene ingresos. Nada aclara de quién debe ser el error, y un lector distraído podría ser suficiente para darlo por acreditado. La finalidad de cometer un ilícito tampoco filtra nada, porque ilícito no equivale a delito y alcanza una infracción administrativa o una falta civil, como las que la reforma de derechos de autor multiplica.
El lugar donde quedó el delito dice tanto como su texto. El Código Penal castiga la falsificación de sellos y documentos oficiales como delito de falsedad, que protege la fe pública, la confianza de los ciudadanos en lo que el Estado certifica. La reforma lleva el nuevo delito a la ley de marcas y patentes, y con ese traslado lo protegido es la imagen del titular. El escudo de un oficio queda tratado como logotipo comercial y el gobierno como dueño de la marca. Esa identidad pertenece a la república, que somos todos. Burlarse del poder con sus propios símbolos es de las formas más antiguas de ejercer la ciudadanía: le quita la solemnidad con que se protege y lo devuelve al tamaño de quienes lo ejercen.
Cualquier restricción a un derecho debe superar tres preguntas: si sirve al fin que persigue, si no había un medio menos lesivo y si lo que gana compensa lo que sacrifica. La reforma tropieza en la segunda, porque el fraude, la falsificación y la usurpación ya estaban castigados. La Suprema Corte conoce este diseño. En 2013 invalidó un delito que el Congreso de Veracruz creó en tiempos de Javier Duarte para castigar a quien difundiera falsas alarmas de explosivos o ataques armados. Sostuvo que su redacción era imprecisa, que había medios menos restrictivos y que la amenaza penal inhibiría a quien comparte información de buena fe. Trece años después, el Congreso de la Unión tiene sobre la mesa una pieza con el mismo defecto de fábrica.
El segundo mecanismo cambia de destinatario y de vía. En lugar de perseguir penalmente al autor, hace responsable a la plataforma que aloja su contenido si no lo retira con prontitud, y lo hace por la vía administrativa. La Constitución prohíbe que una ley establezca la censura previa y que la libertad de expresión se restrinja por vías indirectas, incluido el abuso de controles particulares. Una empresa amenazada con multas millonarias retirará primero y averiguará después: para ella, borrar una sátira no cuesta nada y conservarla puede costar una fortuna. El Estado ya no necesita censurar; le alcanza con hacer que la censura le convenga a otro. En la votación de esta reforma, una exministra de la Corte, de la propia bancada mayoritaria, se abstuvo.
Existen portales que imitan trámites oficiales y videos fabricados que suplantan a funcionarios, y sus víctimas suelen ser quienes menos pueden perder. El portal montado para estafar antes de que alguien caiga es un hueco real, y cubrirlo exigía una condición: que el delito pidiera la finalidad de cometer fraude. El texto se conforma con un ilícito cualquiera. La Presidenta asegura que no prohíbe ningún meme, y un senador del oficialismo lo resumió así: libertad para el meme, ley para el fraude. Ninguna de esas frases está en la ley, y una declaración presidencial no obliga a ningún fiscal. La izquierda mexicana lo sabe. El delito de disolución social se creó para proteger la seguridad nacional y durante casi treinta años sirvió para encarcelar a ferrocarrileros, a un pintor muralista y a estudiantes, hasta que su derogación se volvió demanda del movimiento de 1968.
La minuta sigue en la Cámara de Diputados, y corregirla cuesta poco. Sería suficiente escribir en la ley lo que el gobierno ya dice en el discurso, con una cláusula que excluya expresamente la sátira, la parodia, la caricatura, la crítica, el periodismo y la creación artística. Habría que sustituir la finalidad de cometer un ilícito por la de cometer fraude u otro delito patrimonial, y exigir que el engaño recaiga sobre una persona determinada. Mejor aún sería suprimir el delito autónomo y agravar el fraude cuando se cometa suplantando a una institución. En materia de derechos de autor, ningún contenido debería retirarse sin orden de autoridad o, cuando menos, sin que su autor pueda defenderlo y recuperarlo, con sanciones para quien presente avisos falsos.
A ti, que haces memes de madrugada y los publicas sin pensar en abogados, sigue haciéndolos. La burla bien hecha es una forma de vigilancia que no le cuesta un peso al erario, y un país que se ríe de sus gobernantes no ha aprendido a temerles. Hazla con datos; la sátira que miente se queda sin defensa. Y no pidas permiso para reírte de lo que es tuyo. Si algún día te llega un citatorio por un falso comunicado que nadie usó para robarle a nadie, recuerda que la falla estuvo en una ley que no supo distinguir tu chiste de un fraude.
Las leyes duran más que los gobiernos que las escriben. Esta será interpretada por fiscales que todavía no conocemos, al servicio de mayorías que aún no existen, y ninguno de ellos estará obligado por lo que hoy se promete en una conferencia matutina. Una ley se escribe pensando en el peor gobierno que podría aplicarla, que bien puede ser uno que mire con desconfianza a quienes hoy la aprueban. Si la mayoría quiere castigar el fraude sin tocar la risa, está a tiempo de demostrarlo con la única garantía que sobrevive a los sexenios, que es el texto de la ley.