Una mujer lleva tres semanas intentando que una oficina pública le reciba un trámite. La primera vez le dijeron que faltaba un documento y lo consiguió. La segunda le avisaron que el formato había cambiado y lo llenó de nuevo. Esta mañana el empleado le devuelve la carpeta sin abrirla. Cuando ella pregunta por qué, la respuesta es que así viene la indicación. Quiere saber de quién viene y le contestan que de arriba. Insiste en conocer qué norma lo dispone, y el empleado, ya fastidiado, le responde que así se ha hecho siempre. Sale a la calle con la carpeta bajo el brazo, sin saber qué tendría que corregir ni ante quién reclamar.
Cualquiera podría completar el repertorio de memoria. Porque sí. Porque quiero. Porque puedo. Por instrucciones superiores. Porque lo mandató la autoridad, dicho por la autoridad misma. Porque así se ha hecho siempre. Cambian las palabras y se mantiene la operación, que consiste en contestar sin dar razones. El “porque sí” y el “porque quiero” depositan la responsabilidad en el capricho de quien manda, y el “porque puedo” en su fuerza. La instrucción superior la endosa a alguien que no firma, la autoridad que se cita a sí misma la encierra en un círculo y la costumbre la remite a un pasado que ya no responde ante nadie. Al final de la lista aguarda el “porque no quiero”, que reduce la decisión pública a un estado de ánimo.
Antes de señalar a otros hay que revisar con qué frecuencia pedimos razones. Casi todos las exigimos cuando una decisión nos perjudica y dejamos de pedirlas en cuanto nos favorece. El “porque sí” que nos negó un permiso nos parece intolerable; el que nos lo concedió lo aceptamos sin preguntar. Hemos pronunciado esas mismas fórmulas cuando nos tocó una cuota pequeña de mando, en el trabajo o en la junta de vecinos, y alguien quiso saber por qué las cosas se hacían de cierta manera. Responder que así se ha hecho siempre ahorra el esfuerzo de averiguar si se hace bien. Con esa comodidad, que es de muchos, el hábito llega a la oficina con sello y presupuesto, donde resulta mucho más difícil de desalojar.
El ciudadano y la autoridad no ocupan la misma posición. Quien contesta sin razones en su vida privada ejerce mal su propia libertad. Quien lo hace desde un cargo dispone de algo ajeno, porque cada atribución la recibió por encargo, para fines precisos y con la condición de rendir cuentas de su uso. De ahí que el poder público solo pueda hacer lo que la norma le permite y que en cada acto deba mostrar qué regla aplica y por qué el caso concreto encaja en ella. Fundar y motivar es un acto de reconocimiento. Con él la autoridad admite que la persona del otro lado de la ventanilla tiene derecho a juzgarla, y que le debe a ella la justificación antes que a sus superiores.
Desde esa obligación, las fórmulas del catálogo pierden sustento una por una. La instrucción de un superior no le da a quien firma una competencia que no tiene, y el firmante responde por el acto aunque alegue que se limitó a obedecer. La costumbre no otorga facultades, y una práctica sin base legal sigue siendo ilegal en su vigésimo año igual que en el primero. La autoridad que se invoca a sí misma como respaldo deja ver que no encontró otro argumento. El “porque puedo” resulta la más franca de todas, porque dice abiertamente lo que las demás disimulan, que quien manda así se considera libre de cualquier deuda con las personas a quienes alcanzan sus decisiones.
Sorprende que quienes mandan de esta manera conserven intacta la idea de su propia honorabilidad. Se conducen como tocados por Dios, dispensados por el nombramiento de la obligación común de explicarse. El origen del tratamiento ayuda a entenderlo. El “honorable” antecede al nombre de la institución, y la deferencia que reciben a diario en el saludo, en el oficio y en la reunión donde nadie los contradice va dirigida al cargo. Con los años la confunden con un prestigio propio, ayudados por el silencio de quienes dependen de ellos para conservar el empleo o aspirar a un ascenso. Ese respeto prestado vence el día que entregan el puesto, y entonces muchos descubren cuántas de aquellas atenciones nunca fueron para ellos.
La defensa habitual de estas prácticas apela a la eficacia. Una administración que tuviera que fundamentar cada paso, se dice, quedaría paralizada, y la jerarquía existe para que las órdenes se cumplan sin someterlas a debate. El argumento confunde dar razones con negociar. Motivar una decisión no obliga a pedir permiso ni a buscar consenso, y una razón bien dada cabe en un párrafo. Con frecuencia la urgencia que se invoca para omitirla oculta que la razón nunca existió. La jerarquía distribuye responsabilidades entre quien ordena y quien ejecuta sin borrar ninguna. El subordinado que cumple algo manifiestamente ilegal no queda eximido por la orden que recibió, y el superior que la dio responde por haberla dado.
Culpar al sistema es la salida más cómoda y contiene buena parte de verdad. Esta cultura administrativa es más vieja que cualquier gobierno y ha sobrevivido a todas las alternancias, sostenida por carreras públicas frágiles, cargos repartidos por lealtad y una verticalidad que premia la obediencia por encima del criterio. Quien llega a un puesto aprende pronto que cuestionar una orden cuesta más que ejecutarla mal. Invocar al sistema se parece demasiado a invocar las instrucciones de arriba, porque en ambos casos la persona se disuelve en algo más grande para no responder con nombre propio. Todo oficio lleva una firma, y el hábito de mandar sin razones dura lo que tarden quienes firman en negarse a reproducirlo.
Hay medidas a la mano que no exigen grandes reformas. Bastaría con que toda instrucción que modifique la situación de una persona conste por escrito y con el nombre de quien la dio, de forma que cualquier “viene de arriba” tenga una firma identificable. Convendría que, cuando una instancia de revisión anule un acto por falta de razones, la anulación quede asentada en el expediente de quien lo firmó, para que la arbitrariedad le cueste algo a su autor. La evaluación de quienes ocupan mandos podría considerar, junto al cumplimiento de metas, la calidad de las respuestas que dan a las peticiones que reciben. Son cambios de bajo costo que dependen sobre todo de la voluntad de quienes hoy se benefician de no tener que justificarse.
Si alguna vez saliste de una oficina con la sensación de que pedir explicaciones te convertía en un problema, recuerda que la pregunta te pertenece. Preguntar por qué, y pedir la respuesta por escrito, es de los pocos actos con los que una persona sola obliga al poder a mostrar lo que tiene. La autoridad queda forzada a exhibir su razón, que entonces puedes discutir, o a dejar constancia de que carecía de ella, y esa constancia le sirve después a cualquiera que reclame lo mismo. La insistencia incomoda y rara vez se agradece. Cada respuesta fundada que una oficina se ve obligada a dar vuelve más probable la siguiente, y quien llegue después a esa misma ventanilla la encontrará un poco menos cerrada.
La mujer de la carpeta volverá mañana, o pasado, porque el trámite le hace falta. Lo mínimo que se le debe es que la próxima vez le contesten con razones y con el nombre de quien las da, y lo mismo se nos debe a todos los que alguna vez hemos estado del otro lado de una ventanilla. Las autoridades pasan, y con ellas la deferencia que confundieron con honor. La pregunta permanece en manos de quienes no se cansan de hacerla. Un servicio público obligado a responderla todos los días, con fundamento y con firma, trataría por fin a la mujer de la carpeta como la destinataria de cada una de sus razones.