La escena se repite en escuelas y oficinas públicas. Llega un mensaje que convoca, con prisa, a una reunión informativa. La autoridad toma la palabra para asegurar que no hay crisis alguna y para señalar a otros como responsables de lo que sí anda mal. Alguien le recuerda, con fechas, hechos que la comunidad todavía no termina de digerir. La respuesta no versa sobre esos hechos. Se limita a reprochar a quien habló que, cuando le pidió respaldo, ya le había presentado una queja, y con eso la autoridad da por contestada la crítica.
Sin pronunciarla, esa respuesta recita una máxima vieja que se atribuye a tantos que ya no tiene dueño. Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas. Antes de escandalizarnos, admitamos que la conocemos de cerca. La practicamos cuando le perdonamos al compadre la misma falta que al vecino incómodo le cobramos con reglamento en mano. Y la repetimos cuando exigimos rigor a quien nos estorba y pedimos comprensión para quien nos cae bien. Casi nadie reclama parejo, y esa selectividad de todos los días es el suelo donde la máxima echa raíz antes de llegar a las oficinas públicas.
En el ciudadano, la preferencia por los cercanos es un defecto moral. En quien ejerce un cargo es algo más grave, porque el cargo no le pertenece. La autoridad recibe sus atribuciones en préstamo y para fines que no eligió, y ni el agravio ni la simpatía alteran sus obligaciones. El respaldo que un subalterno pide a su superior en asuntos del servicio no es un favor que dependa del afecto; es un deber del puesto, exigible aunque entre ambos medie una queja. La queja misma es un derecho. Si alguien la considera infundada, decidirlo toca a la instancia que la resuelve y nunca a la persona señalada, que en ese asunto no puede ser juez. Mientras tanto, quien la presentó conserva la protección que la institución le debe.
La parte de la máxima que suena a legalidad es la más engañosa. La ley a secas no existe. Toda norma lleva dentro sus razones y sus fines, y aplicarla exige mostrar por qué este caso y en qué proporción. Nadie objeta el rigor cuando alcanza a todos por igual. Se vuelve sospechoso cuando escoge destinatario, porque entonces la regla se queda sin razones y funciona como castigo. La gracia tampoco cabe del otro lado. Es potestad de soberanos, ajena a quien administra una escuela o una oficina y responde de cada decisión ante reglas que no escribió. Ambos gestos nacen de confundir el poder que se ejerce por encargo con el que se posee.
Lo que esa lógica produce rebasa al agraviado. Una comunidad que ve castigada la queja aprende que reclamar sale caro y que la prudencia consiste en callar. Así se fabrica la derrota cotidiana de tanta gente en el servicio público, sin que nadie prohíba nada, con solo dejar claro que los derechos dependen del humor de quien firma. Ser libre dentro de una institución significa no vivir pendiente de la voluntad arbitraria de otro, aunque ese día la voluntad amanezca benévola. En una escuela el daño alcanza al estudiantado, que mira y toma nota de que las reglas valen según quién seas para quien las aplica, y llevará esa idea a cada oficina donde le toque trabajar o hacer un trámite.
Habrá quien diga que una crítica hecha en público, y con dureza, merece una réplica igual de dura, y que nadie está obligado a sentir aprecio por quien lo denuncia. Nadie le pide afecto, y a la dureza se le contesta con hechos. Otros verán en aquella respuesta un simple reproche de incongruencia, como si pedir respaldo a quien uno señaló fuera contradictorio. El respaldo se pide al cargo y la queja se dirige contra una conducta, así que el reproche solo se sostiene si se da por sentado que la queja debía pesar al responder la petición. Dicho en una reunión de trabajo y frente al personal, equivale a reconocer que el apoyo institucional se reparte según una contabilidad personal que nadie le encargó llevar.
Los remedios no dependen de la buena voluntad de nadie. Toda medida que afecte a quien presentó una queja debe llegar por escrito y con razones suficientes para descartar la represalia, como cualquier acto de autoridad. Las reuniones con el personal pueden convocarse con tiempo y dejar constancia de lo dicho, ya que la prisa en la convocatoria decide quién llega preparado. Falta, además, que la instancia superior asuma de oficio la protección de quien presentó la queja, sin esperar a que la pida, sin distinguir según la gravedad de la falta denunciada y antes de que el daño esté hecho.
Si alguna vez presentaste una queja y desde entonces cada permiso tarda más y el saludo se volvió de oficio, no confundas el frío con la razón. Que te traten como enemigo no te convierte en culpable de nada. Usaste un derecho, y los derechos se debilitan cuando quien los ejerce empieza a pedir perdón por ejercerlos. Guarda tus papeles, cumple con tu trabajo como lo has hecho y no aceptes que te cobren como favor el respaldo que te deben. La institución a la que sirves seguirá ahí cuando cambie quien la dirige, y tu lugar en ella lo sostiene tu trabajo.
La máxima sobrevive a quienes la practican, y a cada uno le rinde mientras dura su encargo. Los cargos terminan, aunque desde dentro parezcan eternos, y de ellos queda la memoria de cómo se ejercieron. Las comunidades recuerdan quién convocó con prisa y quién respondió a los hechos con un reproche personal. Recuerdan también, si alguien se los enseña, que la ley aplicada completa, con sus razones y para todos, protege incluso a quien la autoridad tiene por enemigo, y que esa protección es justamente lo que la separa del desquite. Exigirla así nos toca a quienes seguimos creyendo que una escuela existe para formar ciudadanos.