Un viernes de esos en que la semana pareció de nueve días, un compadre manda al grupo de WhatsApp la foto de una tarjeta escrita a mano. Dice que si a un hombre trabajador le dicen aburrido porque no tiene tiempo para una mujer, entonces se explica que haya tantos vagos con novia y tantos trabajadores solteros. Llueven los «así mero» y los pulgares arriba, y el que sale más tarde de la chamba la reenvía a otros tres grupos. La letra es apretada, y es fácil imaginar al autor comiendo de pie y volviendo en el último camión.

En esas líneas hay un dolor que merece respeto, y también una herencia. Muchos de nosotros crecimos con papás que nos querían en efectivo y por quincena. Salían antes de que despertáramos, volvían cuando ya dormíamos y estaban convencidos de que cada hora lejos contaba como prueba de amor. Tenían su parte de razón, pues gracias a esas horas hubo tortillas y zapatos para el regreso a clases. De ellos aprendimos que querer es proveer, y lo aprendimos tan bien que de grandes repetimos el gesto sin preguntar si a quien queremos le llega como lo imaginamos.

Del otro lado de la mesa suele pedirse menos, que estemos. Que al llegar preguntemos cómo les fue y aguantemos la respuesta completa. Cuando una pareja dice que el otro se volvió aburrido, describe una ausencia con cuerpo. Es la del que se sienta a cenar y contesta «ajá» a todo, incluso a lo que no era pregunta. Sigue cuadrando el inventario mientras en la bocina suena la canción con la que se enamoraron. Esa ausencia duele doble, porque reclamarla parece ingratitud frente a quien se mata trabajando.

La tarjeta reparte además la culpa con prisa. Si el cansancio diera derecho a quejarse, las mujeres tendrían la fila más larga en la ventanilla de los reclamos. Según la encuesta del INEGI sobre el uso del tiempo, en 2024 ellas trabajaron sesenta y una horas a la semana y nosotros cincuenta y ocho. La diferencia está en lo que no se paga. Ellas le dedicaron casi cuarenta horas semanales a la casa y a los cuidados, y nosotros poco más de dieciocho, contando cada vez que preguntamos dónde quedaron las llaves. Muchas cruzan la puerta a empezar otro turno que nadie aplaude en el grupo.

Lo que el reproche no alcanza a ver nos toca de cerca. Convertimos el trabajo en una fe, y como toda fe tiene sus herejes, al que no se agota lo miramos con desprecio y con tantita envidia. El vago no es ejemplo de nada, que conste. Conserva, eso sí, lo que muchos vendimos sin darnos cuenta, horas sueltas, y las gasta en alguien. Ya lo decían las abuelas, el que se fue a la villa perdió su silla. El amor se hace con ese tiempo que no produce nada, el de la plática sin rumbo y el «¿qué se te antoja?» que tarda media hora en resolverse.

Por una vez, las buenas noticias traen sello oficial. En 1917 este país decidió que la jornada no pasaría de ocho horas, para que algo del día sobrara para dormir y para querer a alguien. Ese tope de cuarenta y ocho horas a la semana no se había movido desde entonces, y en enero empieza a bajar dos horas por año hasta quedar en cuarenta en 2030. Es un avance lento, y a quien trabaja sin contrato todavía no le toca. Aun así, la ley por fin devuelve tiempo en lugar de pedirlo, después de décadas en que el salario nos obligó a revenderlo en horas extra.

Conviene pensar desde ya en qué gastar esas dos horas, antes de que las reclame el pendiente de siempre. Dan para aparecerse con pan dulce sin que sea quincena, para bailar una cumbia en la cocina con el café en la lumbre o para pagar la serenata que debemos desde hace años. Sirven también para lo más sencillo, sentarse con los nuestros sin mirar el reloj y dejar que la tarde se alargue sin pedirle permiso a la agenda. Cada quien sabrá a quién se las debe.

Si hoy llegas a tu casa con la espalda hecha nudos y te dicen que te sienten lejos, no conviertas ese reclamo en tarjeta. Casi siempre es una manera torpe de pedirte que vuelvas, y bien leída es una declaración de amor con mala letra. Tus horas te pertenecen por un derecho que costó mucho ganar. Defiéndelas con la terquedad con que defiendes tu sueldo, aunque empieces con media hora y el teléfono apagado. Y si eres tú quien espera, dilo claro y con cariño, porque a varios de nosotros nadie nos enseñó a regresar temprano.

Ojalá el autor de la tarjeta la encuentre algún sábado en el fondo de un cajón y le cueste reconocer su letra. Sería señal de que aprendió a llegar a casa de otra manera, tal vez de la mano de la misma persona que un día le dijo aburrido. Que se ría de sí mismo con ella y que el café se enfríe mientras platican. Nadie se enamora de una jornada, y a él, como a cualquiera de nosotros, lo van a querer por las horas en que decida quedarse.

Una mujer lleva tres semanas intentando que una oficina pública le reciba un trámite. La primera vez le dijeron que faltaba un documento y lo consiguió. La segunda le avisaron que el formato había cambiado y lo llenó de nuevo. Esta mañana el empleado le devuelve la carpeta sin abrirla. Cuando ella pregunta por qué, la respuesta es que así viene la indicación. Quiere saber de quién viene y le contestan que de arriba. Insiste en conocer qué norma lo dispone, y el empleado, ya fastidiado, le responde que así se ha hecho siempre. Sale a la calle con la carpeta bajo el brazo, sin saber qué tendría que corregir ni ante quién reclamar.

Cualquiera podría completar el repertorio de memoria. Porque sí. Porque quiero. Porque puedo. Por instrucciones superiores. Porque lo mandató la autoridad, dicho por la autoridad misma. Porque así se ha hecho siempre. Cambian las palabras y se mantiene la operación, que consiste en contestar sin dar razones. El “porque sí” y el “porque quiero” depositan la responsabilidad en el capricho de quien manda, y el “porque puedo” en su fuerza. La instrucción superior la endosa a alguien que no firma, la autoridad que se cita a sí misma la encierra en un círculo y la costumbre la remite a un pasado que ya no responde ante nadie. Al final de la lista aguarda el “porque no quiero”, que reduce la decisión pública a un estado de ánimo.

Antes de señalar a otros hay que revisar con qué frecuencia pedimos razones. Casi todos las exigimos cuando una decisión nos perjudica y dejamos de pedirlas en cuanto nos favorece. El “porque sí” que nos negó un permiso nos parece intolerable; el que nos lo concedió lo aceptamos sin preguntar. Hemos pronunciado esas mismas fórmulas cuando nos tocó una cuota pequeña de mando, en el trabajo o en la junta de vecinos, y alguien quiso saber por qué las cosas se hacían de cierta manera. Responder que así se ha hecho siempre ahorra el esfuerzo de averiguar si se hace bien. Con esa comodidad, que es de muchos, el hábito llega a la oficina con sello y presupuesto, donde resulta mucho más difícil de desalojar.

El ciudadano y la autoridad no ocupan la misma posición. Quien contesta sin razones en su vida privada ejerce mal su propia libertad. Quien lo hace desde un cargo dispone de algo ajeno, porque cada atribución la recibió por encargo, para fines precisos y con la condición de rendir cuentas de su uso. De ahí que el poder público solo pueda hacer lo que la norma le permite y que en cada acto deba mostrar qué regla aplica y por qué el caso concreto encaja en ella. Fundar y motivar es un acto de reconocimiento. Con él la autoridad admite que la persona del otro lado de la ventanilla tiene derecho a juzgarla, y que le debe a ella la justificación antes que a sus superiores.

Desde esa obligación, las fórmulas del catálogo pierden sustento una por una. La instrucción de un superior no le da a quien firma una competencia que no tiene, y el firmante responde por el acto aunque alegue que se limitó a obedecer. La costumbre no otorga facultades, y una práctica sin base legal sigue siendo ilegal en su vigésimo año igual que en el primero. La autoridad que se invoca a sí misma como respaldo deja ver que no encontró otro argumento. El “porque puedo” resulta la más franca de todas, porque dice abiertamente lo que las demás disimulan, que quien manda así se considera libre de cualquier deuda con las personas a quienes alcanzan sus decisiones.

Sorprende que quienes mandan de esta manera conserven intacta la idea de su propia honorabilidad. Se conducen como tocados por Dios, dispensados por el nombramiento de la obligación común de explicarse. El origen del tratamiento ayuda a entenderlo. El “honorable” antecede al nombre de la institución, y la deferencia que reciben a diario en el saludo, en el oficio y en la reunión donde nadie los contradice va dirigida al cargo. Con los años la confunden con un prestigio propio, ayudados por el silencio de quienes dependen de ellos para conservar el empleo o aspirar a un ascenso. Ese respeto prestado vence el día que entregan el puesto, y entonces muchos descubren cuántas de aquellas atenciones nunca fueron para ellos.

La defensa habitual de estas prácticas apela a la eficacia. Una administración que tuviera que fundamentar cada paso, se dice, quedaría paralizada, y la jerarquía existe para que las órdenes se cumplan sin someterlas a debate. El argumento confunde dar razones con negociar. Motivar una decisión no obliga a pedir permiso ni a buscar consenso, y una razón bien dada cabe en un párrafo. Con frecuencia la urgencia que se invoca para omitirla oculta que la razón nunca existió. La jerarquía distribuye responsabilidades entre quien ordena y quien ejecuta sin borrar ninguna. El subordinado que cumple algo manifiestamente ilegal no queda eximido por la orden que recibió, y el superior que la dio responde por haberla dado.

Culpar al sistema es la salida más cómoda y contiene buena parte de verdad. Esta cultura administrativa es más vieja que cualquier gobierno y ha sobrevivido a todas las alternancias, sostenida por carreras públicas frágiles, cargos repartidos por lealtad y una verticalidad que premia la obediencia por encima del criterio. Quien llega a un puesto aprende pronto que cuestionar una orden cuesta más que ejecutarla mal. Invocar al sistema se parece demasiado a invocar las instrucciones de arriba, porque en ambos casos la persona se disuelve en algo más grande para no responder con nombre propio. Todo oficio lleva una firma, y el hábito de mandar sin razones dura lo que tarden quienes firman en negarse a reproducirlo.

Hay medidas a la mano que no exigen grandes reformas. Bastaría con que toda instrucción que modifique la situación de una persona conste por escrito y con el nombre de quien la dio, de forma que cualquier “viene de arriba” tenga una firma identificable. Convendría que, cuando una instancia de revisión anule un acto por falta de razones, la anulación quede asentada en el expediente de quien lo firmó, para que la arbitrariedad le cueste algo a su autor. La evaluación de quienes ocupan mandos podría considerar, junto al cumplimiento de metas, la calidad de las respuestas que dan a las peticiones que reciben. Son cambios de bajo costo que dependen sobre todo de la voluntad de quienes hoy se benefician de no tener que justificarse.

Si alguna vez saliste de una oficina con la sensación de que pedir explicaciones te convertía en un problema, recuerda que la pregunta te pertenece. Preguntar por qué, y pedir la respuesta por escrito, es de los pocos actos con los que una persona sola obliga al poder a mostrar lo que tiene. La autoridad queda forzada a exhibir su razón, que entonces puedes discutir, o a dejar constancia de que carecía de ella, y esa constancia le sirve después a cualquiera que reclame lo mismo. La insistencia incomoda y rara vez se agradece. Cada respuesta fundada que una oficina se ve obligada a dar vuelve más probable la siguiente, y quien llegue después a esa misma ventanilla la encontrará un poco menos cerrada.

La mujer de la carpeta volverá mañana, o pasado, porque el trámite le hace falta. Lo mínimo que se le debe es que la próxima vez le contesten con razones y con el nombre de quien las da, y lo mismo se nos debe a todos los que alguna vez hemos estado del otro lado de una ventanilla. Las autoridades pasan, y con ellas la deferencia que confundieron con honor. La pregunta permanece en manos de quienes no se cansan de hacerla. Un servicio público obligado a responderla todos los días, con fundamento y con firma, trataría por fin a la mujer de la carpeta como la destinataria de cada una de sus razones.

La escena se repite en escuelas y oficinas públicas. Llega un mensaje que convoca, con prisa, a una reunión informativa. La autoridad toma la palabra para asegurar que no hay crisis alguna y para señalar a otros como responsables de lo que sí anda mal. Alguien le recuerda, con fechas, hechos que la comunidad todavía no termina de digerir. La respuesta no versa sobre esos hechos. Se limita a reprochar a quien habló que, cuando le pidió respaldo, ya le había presentado una queja, y con eso la autoridad da por contestada la crítica.

Sin pronunciarla, esa respuesta recita una máxima vieja que se atribuye a tantos que ya no tiene dueño. Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas. Antes de escandalizarnos, admitamos que la conocemos de cerca. La practicamos cuando le perdonamos al compadre la misma falta que al vecino incómodo le cobramos con reglamento en mano. Y la repetimos cuando exigimos rigor a quien nos estorba y pedimos comprensión para quien nos cae bien. Casi nadie reclama parejo, y esa selectividad de todos los días es el suelo donde la máxima echa raíz antes de llegar a las oficinas públicas.

En el ciudadano, la preferencia por los cercanos es un defecto moral. En quien ejerce un cargo es algo más grave, porque el cargo no le pertenece. La autoridad recibe sus atribuciones en préstamo y para fines que no eligió, y ni el agravio ni la simpatía alteran sus obligaciones. El respaldo que un subalterno pide a su superior en asuntos del servicio no es un favor que dependa del afecto; es un deber del puesto, exigible aunque entre ambos medie una queja. La queja misma es un derecho. Si alguien la considera infundada, decidirlo toca a la instancia que la resuelve y nunca a la persona señalada, que en ese asunto no puede ser juez. Mientras tanto, quien la presentó conserva la protección que la institución le debe.

La parte de la máxima que suena a legalidad es la más engañosa. La ley a secas no existe. Toda norma lleva dentro sus razones y sus fines, y aplicarla exige mostrar por qué este caso y en qué proporción. Nadie objeta el rigor cuando alcanza a todos por igual. Se vuelve sospechoso cuando escoge destinatario, porque entonces la regla se queda sin razones y funciona como castigo. La gracia tampoco cabe del otro lado. Es potestad de soberanos, ajena a quien administra una escuela o una oficina y responde de cada decisión ante reglas que no escribió. Ambos gestos nacen de confundir el poder que se ejerce por encargo con el que se posee.

Lo que esa lógica produce rebasa al agraviado. Una comunidad que ve castigada la queja aprende que reclamar sale caro y que la prudencia consiste en callar. Así se fabrica la derrota cotidiana de tanta gente en el servicio público, sin que nadie prohíba nada, con solo dejar claro que los derechos dependen del humor de quien firma. Ser libre dentro de una institución significa no vivir pendiente de la voluntad arbitraria de otro, aunque ese día la voluntad amanezca benévola. En una escuela el daño alcanza al estudiantado, que mira y toma nota de que las reglas valen según quién seas para quien las aplica, y llevará esa idea a cada oficina donde le toque trabajar o hacer un trámite.

Habrá quien diga que una crítica hecha en público, y con dureza, merece una réplica igual de dura, y que nadie está obligado a sentir aprecio por quien lo denuncia. Nadie le pide afecto, y a la dureza se le contesta con hechos. Otros verán en aquella respuesta un simple reproche de incongruencia, como si pedir respaldo a quien uno señaló fuera contradictorio. El respaldo se pide al cargo y la queja se dirige contra una conducta, así que el reproche solo se sostiene si se da por sentado que la queja debía pesar al responder la petición. Dicho en una reunión de trabajo y frente al personal, equivale a reconocer que el apoyo institucional se reparte según una contabilidad personal que nadie le encargó llevar.

Los remedios no dependen de la buena voluntad de nadie. Toda medida que afecte a quien presentó una queja debe llegar por escrito y con razones suficientes para descartar la represalia, como cualquier acto de autoridad. Las reuniones con el personal pueden convocarse con tiempo y dejar constancia de lo dicho, ya que la prisa en la convocatoria decide quién llega preparado. Falta, además, que la instancia superior asuma de oficio la protección de quien presentó la queja, sin esperar a que la pida, sin distinguir según la gravedad de la falta denunciada y antes de que el daño esté hecho.

Si alguna vez presentaste una queja y desde entonces cada permiso tarda más y el saludo se volvió de oficio, no confundas el frío con la razón. Que te traten como enemigo no te convierte en culpable de nada. Usaste un derecho, y los derechos se debilitan cuando quien los ejerce empieza a pedir perdón por ejercerlos. Guarda tus papeles, cumple con tu trabajo como lo has hecho y no aceptes que te cobren como favor el respaldo que te deben. La institución a la que sirves seguirá ahí cuando cambie quien la dirige, y tu lugar en ella lo sostiene tu trabajo.

La máxima sobrevive a quienes la practican, y a cada uno le rinde mientras dura su encargo. Los cargos terminan, aunque desde dentro parezcan eternos, y de ellos queda la memoria de cómo se ejercieron. Las comunidades recuerdan quién convocó con prisa y quién respondió a los hechos con un reproche personal. Recuerdan también, si alguien se los enseña, que la ley aplicada completa, con sus razones y para todos, protege incluso a quien la autoridad tiene por enemigo, y que esa protección es justamente lo que la separa del desquite. Exigirla así nos toca a quienes seguimos creyendo que una escuela existe para formar ciudadanos.

Todos hemos visto alguno. Un falso comunicado con el logotipo de una dependencia federal anuncia, con la solemnidad de siempre, que este año el aguinaldo se pagará en vales de despensa. La tipografía es idéntica, el escudo está en su sitio y la redacción imita el tono burocrático hasta volverlo caricatura. Lo publica una página con miles de seguidores que vive de la publicidad, y durante unas horas hay quien lo cree y lo reenvía preocupado a su familia. Al día siguiente casi todos nos reímos. Con la reforma que el Senado aprobó el 30 de septiembre, a un fiscal con ganas le bastaría poco para encuadrar ese chiste en un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel.

Quien hoy sale a defender el meme haría bien en revisar primero su propio historial. Muchos de nosotros celebramos la burla cuando apunta al adversario y la llamamos linchamiento cuando apunta a los nuestros. Pedimos que se retire el video que deforma a la figura que admiramos y compartimos sin pudor el que ridiculiza a la que detestamos. Esa selectividad la pagamos todos: deja la libertad de expresión a merced de quien gobierna en turno. Creer en ella se demuestra el día en que la sátira nos ofende, y es precisamente ese día cuando una ley como esta encuentra aplausos.

El apodo de ley antimemes mezcla dos reformas, y conviene leerlas en su texto antes que en sus intenciones. La primera, aprobada por el Senado y pendiente en Diputados, crea en la ley de propiedad industrial un delito para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica, los dominios o los documentos de una institución pública, con la finalidad de inducir a error sobre su origen oficial para cometer un ilícito. La iniciativa presidencial pedía de tres a siete años de prisión; el Senado la rebajó a uno a cinco sin añadir una palabra que excluya la sátira. La segunda, aprobada en lo general por Diputados el 7 de octubre, hace responsables a las plataformas que no retiren con prontitud contenidos que infrinjan derechos de autor, bajo multas de más de cuatro millones de pesos.

Para saber qué castiga de verdad una ley nueva hay que restarle lo que ya castigaban las viejas. Engañar a alguien para quedarse con su dinero es fraude, y la tentativa se persigue desde que comienza el engaño. Falsificar un documento público cuesta de cuatro a ocho años de prisión; falsificar sellos oficiales, de cuatro a nueve; hacerse pasar por servidor público y ejercer sus funciones, de uno a seis. Lo que la reforma añade es el resto. Ahí cabe el portal falso que todavía no engaña a nadie, y caben la parodia, la sátira y la caricatura, que imitan sin falsificar, sin usurpar y sin quitarle un peso a nadie. Frente a un falsificador real, un fiscal preferirá los delitos viejos, que pesan más. El nuevo le servirá donde aquellos no llegan.

Una ley penal tiene que describir la conducta con tal precisión que cualquiera sepa de antemano lo que le está prohibido. Este texto falla en cada elemento que debía proteger al ciudadano. Imitar e incorporar es lo que hace toda parodia. La escala comercial viene de los tratados de comercio, pensada para la piratería en volumen, y aquí se trasplanta a un medio donde cada publicación circula a escala y cualquier página con anuncios tiene ingresos. Nada aclara de quién debe ser el error, y un lector distraído podría ser suficiente para darlo por acreditado. La finalidad de cometer un ilícito tampoco filtra nada, porque ilícito no equivale a delito y alcanza una infracción administrativa o una falta civil, como las que la reforma de derechos de autor multiplica.

El lugar donde quedó el delito dice tanto como su texto. El Código Penal castiga la falsificación de sellos y documentos oficiales como delito de falsedad, que protege la fe pública, la confianza de los ciudadanos en lo que el Estado certifica. La reforma lleva el nuevo delito a la ley de marcas y patentes, y con ese traslado lo protegido es la imagen del titular. El escudo de un oficio queda tratado como logotipo comercial y el gobierno como dueño de la marca. Esa identidad pertenece a la república, que somos todos. Burlarse del poder con sus propios símbolos es de las formas más antiguas de ejercer la ciudadanía: le quita la solemnidad con que se protege y lo devuelve al tamaño de quienes lo ejercen.

Cualquier restricción a un derecho debe superar tres preguntas: si sirve al fin que persigue, si no había un medio menos lesivo y si lo que gana compensa lo que sacrifica. La reforma tropieza en la segunda, porque el fraude, la falsificación y la usurpación ya estaban castigados. La Suprema Corte conoce este diseño. En 2013 invalidó un delito que el Congreso de Veracruz creó en tiempos de Javier Duarte para castigar a quien difundiera falsas alarmas de explosivos o ataques armados. Sostuvo que su redacción era imprecisa, que había medios menos restrictivos y que la amenaza penal inhibiría a quien comparte información de buena fe. Trece años después, el Congreso de la Unión tiene sobre la mesa una pieza con el mismo defecto de fábrica.

El segundo mecanismo cambia de destinatario y de vía. En lugar de perseguir penalmente al autor, hace responsable a la plataforma que aloja su contenido si no lo retira con prontitud, y lo hace por la vía administrativa. La Constitución prohíbe que una ley establezca la censura previa y que la libertad de expresión se restrinja por vías indirectas, incluido el abuso de controles particulares. Una empresa amenazada con multas millonarias retirará primero y averiguará después: para ella, borrar una sátira no cuesta nada y conservarla puede costar una fortuna. El Estado ya no necesita censurar; le alcanza con hacer que la censura le convenga a otro. En la votación de esta reforma, una exministra de la Corte, de la propia bancada mayoritaria, se abstuvo.

Existen portales que imitan trámites oficiales y videos fabricados que suplantan a funcionarios, y sus víctimas suelen ser quienes menos pueden perder. El portal montado para estafar antes de que alguien caiga es un hueco real, y cubrirlo exigía una condición: que el delito pidiera la finalidad de cometer fraude. El texto se conforma con un ilícito cualquiera. La Presidenta asegura que no prohíbe ningún meme, y un senador del oficialismo lo resumió así: libertad para el meme, ley para el fraude. Ninguna de esas frases está en la ley, y una declaración presidencial no obliga a ningún fiscal. La izquierda mexicana lo sabe. El delito de disolución social se creó para proteger la seguridad nacional y durante casi treinta años sirvió para encarcelar a ferrocarrileros, a un pintor muralista y a estudiantes, hasta que su derogación se volvió demanda del movimiento de 1968.

La minuta sigue en la Cámara de Diputados, y corregirla cuesta poco. Sería suficiente escribir en la ley lo que el gobierno ya dice en el discurso, con una cláusula que excluya expresamente la sátira, la parodia, la caricatura, la crítica, el periodismo y la creación artística. Habría que sustituir la finalidad de cometer un ilícito por la de cometer fraude u otro delito patrimonial, y exigir que el engaño recaiga sobre una persona determinada. Mejor aún sería suprimir el delito autónomo y agravar el fraude cuando se cometa suplantando a una institución. En materia de derechos de autor, ningún contenido debería retirarse sin orden de autoridad o, cuando menos, sin que su autor pueda defenderlo y recuperarlo, con sanciones para quien presente avisos falsos.

A ti, que haces memes de madrugada y los publicas sin pensar en abogados, sigue haciéndolos. La burla bien hecha es una forma de vigilancia que no le cuesta un peso al erario, y un país que se ríe de sus gobernantes no ha aprendido a temerles. Hazla con datos; la sátira que miente se queda sin defensa. Y no pidas permiso para reírte de lo que es tuyo. Si algún día te llega un citatorio por un falso comunicado que nadie usó para robarle a nadie, recuerda que la falla estuvo en una ley que no supo distinguir tu chiste de un fraude.

Las leyes duran más que los gobiernos que las escriben. Esta será interpretada por fiscales que todavía no conocemos, al servicio de mayorías que aún no existen, y ninguno de ellos estará obligado por lo que hoy se promete en una conferencia matutina. Una ley se escribe pensando en el peor gobierno que podría aplicarla, que bien puede ser uno que mire con desconfianza a quienes hoy la aprueban. Si la mayoría quiere castigar el fraude sin tocar la risa, está a tiempo de demostrarlo con la única garantía que sobrevive a los sexenios, que es el texto de la ley.

Una mujer llega a la ventanilla con el folio de un trámite que lleva meses detenido. Trae copias de todo, porque ya aprendió que siempre falta algo. Le informan que el titular dejó el cargo hace unos días y que conviene volver cuando llegue alguien con firma. Guarda las copias en el mismo sobre y sale a esperar el camión. Mientras ella espera, el funcionario que debía resolver su asunto ya llenó otro formulario. Fue el único que en esa oficina se tramitó con prisa: el registro en línea para buscar, por MORENA, una diputación federal. Estuvo abierto del 1 al 4 de octubre, y para inscribirse había que dejar el puesto.

Antes de señalar, conviene revisar la vara con que medimos. Muchos de nosotros reservamos la palabra chapulín para el funcionario del partido que no nos simpatiza, y guardamos silencio cuando el salto lo da alguien de los nuestros. Durante años permitimos que la indignación dependiera del color de quien saltaba, y el resultado es una clase política que aprendió a medir el escándalo por la lealtad de su público. Esa complacencia también es responsabilidad nuestra. Un cargo público es un encargo: quien rinde protesta acepta una función que pertenece a todos, y quien la abandona a medias deja pendiente algo que nunca fue suyo.

MORENA llegó al poder con una promesa sobre su propio carácter: no eran iguales. Se luchaba por ideales, decían, y el cargo era lo de menos; lo importante era el movimiento. Una promesa sobre el carácter solo admite una prueba, que es la conducta sostenida en el tiempo, y las fechas de estas semanas ofrecen esa prueba con una claridad incómoda. Las oficinas de gobierno se vacían a mitad de la administración en cuanto el partido abre registro. El movimiento que iba a ser causa funciona como agencia de colocación. Para ser tan diferentes, resultan muy iguales a quienes vinieron a desplazar, y el parecido alcanza lo esencial: la idea de que cada puesto sirve para alcanzar el siguiente.

La práctica ya tiene procedimientos de gobierno. En Baja California, el gobierno del estado fijó el 14 de agosto como fecha límite para que se fueran quienes quisieran competir en 2027, y cuatro integrantes del gabinete anunciaron su salida antes del plazo. Al abrirse el registro quedaron vacantes dos secretarías en Zacatecas, una subsecretaría en Veracruz y un cargo federal en Hidalgo. El gobernador de Zacatecas admitió, además, que otros colaboradores esperan las convocatorias locales para decidir. Cuando un gobierno organiza la salida de su gabinete conforme a las fechas de un partido, la administración pública queda subordinada a un calendario que ningún ciudadano votó. Los gabinetes se convierten así en banca de suplentes de las listas electorales.

El diseño de las reglas confirma la jerarquía. La convocatoria, publicada el 30 de septiembre, obliga a los funcionarios estatales y federales a renunciar o pedir licencia antes de registrarse. A diputadas y diputados en funciones, según explicó la propia dirigencia del proceso, no se les pide, de modo que pueden aspirar sin moverse de la curul. Para que el procedimiento no se llame por su nombre hicieron falta doce palabras: coordinación distrital federal en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Con ellas el partido conduce su selección sin pronunciar la palabra precandidatura, aunque nadie dude de que de eso se trata.

Se dirá que todo esto es legal y hasta virtuoso. Separarse del cargo impide usar recursos públicos en la contienda, y el partido prohíbe expresamente ese uso. Renunciar es un derecho de cualquier servidor público, y ser votado también lo es. Todo eso es cierto. La crítica apunta a otra parte: a la decisión política de aceptar un encargo de servicio y tratarlo como sala de espera, y a la de un partido que organiza esa espera con fechas y formularios mientras reclama por escrito a sus aspirantes honestidad y sencillez. Cumplir cada regla no impide desmentir lo que se prometió, y en estas semanas ambas cosas ocurren al mismo tiempo.

El documento pide a los aspirantes trayectoria, compromiso con las causas del pueblo y disposición para servir. Quien acaba de abandonar un encargo lo presentará como credencial, y la trayectoria queda reducida a una lista de puestos ocupados, sin que nadie pregunte qué se dejó hecho en ellos. Se despiden con la solemnidad de quien concluyó una obra, como si de verdad hubieran hecho algo significativo, y el partido les reconoce el mérito sin pedir comprobante. Los viejos partidos practicaban lo mismo sin pretender santidad. Quien hace de la virtud su carta de presentación convierte cada incumplimiento en algo más grave que una falta, porque desmiente la razón misma por la que se le creyó. Para ser tan iguales, estos son más eficientes: tienen registro en línea, fecha límite, comisión evaluadora y un vocabulario de causa para decorar lo que antes se hacía a secas.

Si la diferencia todavía significa algo, MORENA tiene cómo demostrarlo con decisiones que no le cuestan un peso. Puede obligar a que cada aspirante que haya dejado un encargo público acompañe su registro con el acta de entrega-recepción, con lo concluido y lo pendiente, y publicarla completa. Le bastaría con que su comisión explique, con resultados verificables del puesto abandonado, por qué considera idóneo cada perfil. A sus gobiernos les toca preguntar a cada colaborador, al nombrarlo, si piensa terminar la administración, y hacer pública la respuesta para que el incumplimiento tenga testigos. Mientras no lo haga, la promesa de ser distintos seguirá operando como un recurso de campaña que nadie se siente obligado a cumplir en el gobierno.

A ti, que vuelves a la ventanilla con el mismo folio, que haces fila sin brincártela y pagas a tiempo lo que te cobran: estas carreras se construyen con tu paciencia. Cuentan con que olvides quién se fue a la mitad, con que el próximo año te deslumbren el chaleco y el discurso, con que la indignación te dure lo que dura la nota. Cuando el aspirante llegue a tu colonia, pregúntale qué dejó terminado en el último lugar donde lo pusieron a servir, y no aceptes como respuesta la lista de sus cargos. Si titubea, llévalo contigo hasta la boleta, porque tu memoria es lo único que esta forma de hacer política todavía no ha aprendido a administrar.

Quienes votaron por la diferencia no se equivocaron al desearla. Estaban cansados de ver el servicio público convertido en escalera, y ese cansancio sigue siendo legítimo aunque hoy lo aprovechen quienes prometieron curarlo. Exigirle a MORENA la misma vara que MORENA usó contra los demás es la forma más seria de tomarle la palabra. La mujer del folio volverá la próxima semana con su sobre de copias. Del otro lado de la ventanilla encontrará a alguien que acaba de llegar y que nadie sabe cuánto va a durar, mientras ella, que no tiene a dónde renunciar, vuelve a formarse.

El pizarrón está cubierto de flechas y el grupo aguarda la frase que suele cerrar las lecciones difíciles, esa que resume y reconforta. La profesora deja el plumón sobre el escritorio, pronuncia una fórmula de tribunal: I rest my case. Es lo que dice el abogado cuando ha presentado su última prueba y confía el asunto a quien habrá de juzgarlo. En sus labios adquiere un sentido más severo y más generoso: hizo cuanto le correspondía, y quien aprendió, aprendió. Generaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas escucharon esa frase de la profesora Catalina Heredia Cardiel, que este día se jubila después de más de cuatro décadas frente a grupo.

Con el aula deja también la Secretaría General de su delegación sindical, la otra tribuna desde la que ha defendido a sus compañeros. Una distinción antigua separa la potestad, que confiere el nombramiento, de la autoridad, que nace del saber que los demás reconocen. La primera se otorga con un oficio y con otro se revoca. La segunda la confieren, año con año, muchachas y muchachos que llegaron a su salón a los quince años y salieron de él pensando distinto. La jubilación le retira la firma y el horario. Su autoridad permanece intacta, y seguirá ejerciéndola en cada debate que decida librar.

Muchos de nosotros aprendimos a medir a las personas por la silla que ocupan. Saludamos con deferencia a quien firma los oficios y olvidamos pronto a la maestra que nos enseñó a pensar contra nuestra propia pereza. De ese hábito nace el gesto de quienes festinarán su retiro en los pasillos con una alegría mezquina y pedestre, persuadidos de que una jubilación equivale a una derrota. Ese festejo revela cuánto incomodó durante años, en las asambleas, una mujer lúcida, imposible de doblegar e implacable contra el argumento endeble. Delata además una pobreza más honda, la de quien nunca ha sabido lo que significa que alguien crea en uno antes que uno mismo.

La escuela tardó setenta y nueve años en tener una directora. La profesora Heredia Cardiel fue la primera mujer en conducirla desde su fundación, en 1946. El cargo le llegó tarde, cuando llevaba décadas ejerciendo una autoridad que ningún oficio le había concedido. Así suelen reconocer nuestras instituciones a las mujeres. Les exigen probar durante una carrera entera lo que a otros se les presume desde el primer día. Esa demora retrata a la estructura, no a ella. Alguna alumna la habrá visto cruzar la puerta de la dirección y habrá comprendido que ese despacho también le pertenecía.

Con ella se puede coincidir o discrepar. Tomó decisiones que dividieron, en la dirección y en la representación sindical, y cargó con el disgusto de quienes las resintieron. Nadie puede escamotearle la claridad con que argumentó cada una. Quien aspira a la unanimidad ha renunciado a decidir, y ella lo dice a su manera: «Yo no me como ese sapo. Yo decido qué sapos comerme». Detrás de esa frase hay una ética de raíz existencial. Para ella, nadie queda absuelto por las circunstancias ni puede ampararse en la orden de otro. Cada elección compromete a quien la hace.

Esa ética viene de una izquierda que aprendió del guerrillero caído en Bolivia una lección sencilla: la conciencia se forma con el ejemplo. La maestra la llevó a la trinchera más ingrata, la del sindicato y el salón de clases, donde se disputan el salario y el trato digno. Al asumir la dirección advirtió que los docentes «no somos sirvientes». La frase encierra una distinción jurídica de primer orden. El servidor público se debe a la función que la ley le asigna y a la comunidad ante la que rinde cuentas. El sirviente obedece a quien grita más fuerte. Su jubilación corona esa lucha con un derecho que costeó, quincena tras quincena, con su propio trabajo.

Ese ejemplo también se ha dado en la explanada. En 2015, una alumna del plantel desapareció al salir de clases, y con los años el caso comenzó a cubrirse de silencio. En 2020, la profesora acompañó a un grupo de exalumnos frente al mural con las fotografías de la joven para exigir que la buscaran, y señaló entonces que las autoridades se habían conformado con hallar a alguien que pagara por el delito mientras del paradero de su alumna nada se sabía. Aquel día no había cargo que defender ni beneficio que obtener. Para la profesora, una alumna nunca deja de ser suya, convicción que ningún expediente de jubilación alcanza a registrar.

Formar personas supone también exponerse a su olvido. A lo largo de estas décadas, ella abrió puertas, respaldó trayectorias e impulsó a quienes creyó capaces. Algunos, una vez sentados, descubrieron que la silla pesaba más que la gratitud. Es una escena frecuente en la vida de cualquier militante de izquierda: el cuadro que crece a la sombra de una convicción y la abandona en cuanto el poder le ofrece un sitio más cómodo. El nombramiento que obtuvieron no incluía lo único que ella podía enseñarles. Lo supo, y siguió enseñando, porque la ingratitud de unos cuantos nunca le pareció razón para negar la lección a los demás.

Entre sus canciones predilectas está Papá cuéntame otra vez, de Ismael Serrano, en la que un hijo pide a su padre que le repita la épica de una generación que tomó las calles, que tuvo los mismos referentes que esta maestra y que vio sus sueños cubrirse de polvo. La canción es un inventario de banderas abandonadas. La profesora Heredia pertenece a la minoría que se inclinó a recogerlas, lejos de cualquier barricada, en el terreno áspero de una escuela pública de frontera. Su lucha tiene la estatura de varias generaciones de tijuanenses que aprendieron con ella a debatir, a leer el mundo en otro idioma y a desconfiar de toda autoridad que no se haya ganado.

A ti, que tuviste una maestra así, que no te permitió una respuesta floja y te obligó a sostener lo que decías, búscala y cuéntale qué hiciste con lo que te dio; la gratitud dicha en persona vale más que cualquier homenaje. Y si hoy estás frente a un grupo, con el salario corto y el ánimo gastado, decide pronto qué sapos no vas a comerte. Vendrán presiones para que calles, para que apruebes a quien no hizo el trabajo, para que confundas servir con obedecer. Cada negativa pequeña, mantenida durante años, construye una autoridad que ningún oficio podrá retirarte.

La profesora Heredia Cardiel deja el aula con la jubilación que se ganó y con la lucidez intacta. Las pruebas de su trabajo están en las asambleas, en la explanada donde exigió que buscaran a una alumna y en generaciones de exalumnos que ejercen, en Tijuana y lejos de aquí, oficios para los que ella les enseñó a pensar. Puede pronunciar su frase con la serenidad de quien presentó una defensa impecable: I rest my case. Cuesta imaginarla lejos del debate, y a quienes aprendimos algo de ella nos queda pedirle, con el título de su canción: maestra, cuéntenos otra vez.

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En el departamento de recursos humanos de cualquier maquiladora de Tijuana hay una lectura que se aprende sin manual. La encargada toma la solicitud y recorre con el dedo la columna de fechas. Se detiene cuando encuentra cinco empleos en cuatro años; entonces levanta la vista y pregunta por qué nadie lo retuvo, o por qué él no quiso quedarse en ninguno. Al aspirante se le nota la incomodidad de quien sabe que su historial habló antes que él. En esa oficina nadie confunde el movimiento con el mérito. Ahí se sabe que un trabajo solo puede medirse cuando alguien se queda a responder por lo que hizo, y esa solicitud casi siempre termina en el fondo del cajón.

A muchos de nosotros esa regla se nos olvida cuando la hoja de vida es la de un político. Al que brinca de puesto en puesto lo llamamos promesa. Le celebramos la juventud cuando llega a diputado, a senador y a coordinador en menos de una década, y rara vez preguntamos qué dejó terminado en cada escala. Con el trabajador somos menos generosos; le pedimos años de antigüedad antes de confiarle un turno. Esa indulgencia tiene algo de fascinación por el ascenso. Visto de cerca, supone renunciar a juzgar el poder con la misma vara que usamos a diario para medir el esfuerzo ajeno.

Julieta Ramírez tiene 31 años. Desde el 15 de septiembre encabeza la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de MORENA en Baja California. Fue secretaria particular en el Ayuntamiento de Mexicali y llegó a San Lázaro en 2021 por el Distrito 2. La diputación fue su único periodo completo, y le sirvió de antesala para la campaña de 2024, en la que encabezó la fórmula ganadora al Senado. Rindió protesta como senadora en septiembre de ese año. El 17 de junio de 2026 pidió licencia por tiempo indefinido para competir por la coordinación; aún no cumplía dos años de un periodo de seis.

Ese recorrido ya lo habíamos visto. Marina del Pilar llegó a la Cámara de Diputados en 2018 por el mismo Distrito 2, y pidió licencia antes de cumplir un año para buscar la alcaldía de Mexicali. Asumió en octubre de 2019 y se separó del Ayuntamiento en marzo de 2021 para ser candidata a gobernadora. Julieta estuvo cerca en cada tramo: fue su asesora legislativa, coordinó su campaña juvenil y luego fue su secretaria particular. A su lado aprendió el oficio. La curul del Distrito 2 sirvió dos veces de escalón, y la carrera que hoy se presenta como la llegada de una generación nueva sigue muy de cerca el camino de quien la formó.

Hay una lectura más generosa de esa velocidad, y merece su lugar. Una carrera rápida también puede apoyarse en redes bien tejidas, en disciplina partidista y en votos reales. Julieta ganó su distrito en 2021 y en 2024 obtuvo más de la mitad de los sufragios en la elección al Senado. Los partidos premian a quien moviliza, y ella ha demostrado que sabe hacerlo. Esa virtud, con todo, se prueba en campaña. La urna certifica que alguien sabe ganar. Lo que esa persona hace después con el cargo se conoce únicamente si permanece en él, y esa es precisamente la prueba que estas trayectorias siguen aplazando.

Pedir licencia es legítimo, y nadie comete una ilegalidad al hacerlo. La figura existe para que un representante pueda ausentarse cuando una causa lo justifica; con los años se volvió el trámite de rutina para subir de peldaño, y la practican por igual cuadros de todas las siglas. Un cargo de elección no le pertenece a quien lo ocupa. Es un mandato con plazo, que el votante presta a cambio de responsabilidad, y esa responsabilidad solo puede exigirse cuando las decisiones tuvieron tiempo de producir consecuencias. Quien se va antes nunca llega a la hora de responder, y un poder que nunca se evalúa termina por no deberle nada a nadie.

MORENA tenía motivos para elegirla. El 8 de septiembre, una semana antes del nombramiento, un reportaje de televisión nacional difundió documentos en los que Julieta aparece como firmante de un acuerdo preliminar de colaboración con la fiscalía federal estadounidense en San Diego. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente ese documento. Ella lo atribuye a una guerra sucia, y ese mismo día la presidenta nacional del partido salió a respaldarla. Retirarla habría sido admitir que una filtración puede tumbar a una aspirante, en un proceso cuyo cargo lleva la palabra soberanía en el nombre. Sostenerla cuidó ese discurso, aunque dejó la apuesta del partido en Baja California expuesta a un asunto que no se resuelve en México.

También pesó lo que ocurría en casa. Julieta creció políticamente en el equipo de Marina del Pilar y fue de sus defensoras más visibles. En mayo de 2023, ante la Comisión Permanente, llamó a Jaime Bonilla «mentiroso profesional» por sus ataques contra la gobernadora. A principios de agosto de este año habló de él como «ingeniero Bonilla» y le reconoció su papel de fundador del movimiento en el estado. Se tomó además una fotografía en su oficina, con la bandera del PT de fondo, cuando Bonilla ya había advertido que su partido podía competir sin MORENA. Desde la Ciudad de México, esa designación permitía sacar la sucesión de las manos de la gobernadora sin romper con el aliado.

Netzahualcóyotl Jáuregui es el principal colaborador político de Julieta. Fue secretario de Bienestar en el gobierno de Marina del Pilar hasta el 29 de junio de 2026, una semana después del registro de aspirantes. Durante los meses en que se dio por hecho el distanciamiento, el hombre que armaba la candidatura de Julieta seguía despachando en el gabinete de la gobernadora, con los programas sociales a su cargo. Cuesta entender una ruptura que convive con esa cercanía. Con lo que hoy se sabe, cabe preguntarse qué tan hondo fue el distanciamiento entre ambas, y que la pregunta tenga fundamento dice poco bueno de la forma en que se decide quién va a gobernar Baja California.

Marina del Pilar lleva casi cinco años en la gubernatura, el único cargo que no ha dejado a medias. Sus defensores tienen cifras que mostrar, como la menor tasa de pobreza del país y el cuarto lugar nacional en inversión extranjera directa, y esos datos merecen una revisión aparte. En estos mismos años, Estados Unidos le revocó la visa, en mayo de 2025. En 2026 circularon grabaciones en las que conversa con personas que se presentaron como enlaces de agencias estadounidenses sobre posibles sanciones o procedimientos en su contra. Ella reconoció su voz. Sostiene que se trataba del trámite para recuperar su visa, que cayó en una trampa y que los fragmentos se difundieron fuera de contexto, por lo que presentó una denuncia.

Parte del problema podría atenderse con una regla sencilla. Quien pida licencia para buscar otro cargo tendría que presentar antes un informe público de lo que prometió y de lo que deja hecho, y la licencia no debería surtir efectos mientras ese informe no esté a disposición de cualquier ciudadano. Los partidos, por su parte, podrían acompañar el anuncio de cada coordinador con los meses reales que la persona pasó en cada puesto, y no solo con la lista de cargos, que a primera vista parece mérito acumulado. Lo demás le toca al votante, y ninguna ley va a resolverlo por él: antes de entusiasmarse con lo lejos que puede llegar un aspirante, hay que averiguar qué ha terminado.

A ti, que alguna vez te quedaste en un trabajo cuando irte era lo fácil, que sacaste adelante un proyecto o diste la cara cuando fracasó, te toca pedirle lo mismo a quien viene por tu voto. Esa constancia tuya vale mucho, aunque la política profesional haya aprendido a menospreciarla. Es justo lo que les falta a estas carreras que se cuentan como hazañas, y es también la prueba de que otra manera de servir existe, porque tú la practicas sin que nadie te aplauda. La próxima vez que te presenten a un candidato joven y veloz, pide su historial completo, con fechas. Léelo como lo leería la encargada de recursos humanos de la maquila, buscando el lugar donde esa persona se quedó hasta el final.

Para contener a una gobernadora con tantos frentes abiertos, MORENA escogió a una aspirante hecha con el mismo molde. Queda la duda de si el centro le quitó a Marina del Pilar el control de su sucesión o si se lo dejó con otro nombre; tal vez esa ambigüedad forme parte del cálculo. Sabemos, eso sí, que la única vez que una de estas carreras se detuvo el tiempo necesario para rendir cuentas, lo que apareció fue una visa revocada y unas grabaciones que la propia gobernadora tuvo que salir a explicar.

Afuera de una secundaria en la Presa, una señora vende burritos desde las seis de la mañana y lleva nueve años pidiendo que le arreglen la calle. Si le preguntan quién va a gobernar Baja California contesta sin dudar: sabe los nombres que suenan, sabe cuál le cae bien, sabe cuál le dijeron que es el bueno. Lo que no sabe, y nadie a su alrededor sabe tampoco, es con qué regla se escoge entre ellos, en qué fecha ocurre y qué pasa si el procedimiento se tuerce. Conoce a los jugadores de memoria y desconoce por completo el juego. Esa desproporción, que a primera vista parece un problema de información, describe con bastante exactitud la relación que tenemos en este estado con el poder que nos toca padecer.

Los hechos del procedimiento sí son públicos. En junio se registraron doscientos setenta y siete aspirantes de todo el país para encabezar las coordinaciones estatales de MORENA, figura que viene funcionando como antesala de las candidaturas a gobernador. Todos firmaron cuatro compromisos: conocer y asumir las reglas de la convocatoria, aceptar el criterio de paridad, declarar bajo protesta que no enfrentan procesos judiciales ni deudas alimentarias, y reconocer la encuesta como método de selección obligándose a respetar su resultado. Donde hubiera demasiados aspirantes, la comisión podría aplicar un sondeo previo para dejar una lista de hasta seis personas antes de llegar a la medición definitiva.

Antes de repartir culpas conviene que revisemos nuestra propia contabilidad, porque un método así no se sostiene solo. Muchos de nosotros llamamos imposición al procedimiento cuando designa a quien no queríamos, y madurez política cuando el nombre coincide con nuestra preferencia. Discutimos a los aspirantes en la sobremesa durante meses, con la pasión de quien defiende un equipo, sin preguntar una sola vez por la regla que va a separarlos. Reclamar nada más cuando perdemos equivale a haber aceptado esa regla por adelantado, y esa aceptación silenciosa le ahorra al procedimiento el trabajo de justificarse, que es justamente el trabajo que tendría que costarle más caro.

Lo que ocurrió después le quita el piso al método escrito. Según reportes de prensa y las propias declaraciones de la dirigencia, el partido decidió mantener bajo reserva los resultados de las encuestas de los diecisiete estados y privilegiar acuerdos internos para evitar fracturas. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones ha dicho que la aspiración es cerrar las definiciones a mediados de septiembre, que los levantamientos siguen en curso y que no darán a conocer una fecha específica, porque hacerlo podría generar un sesgo entre aspirantes y simpatizantes. La autoridad que conduce el proceso reconoce así que oculta el calendario de manera deliberada, y lo ofrece como una razón de prudencia.

Baja California figura entre los estados más disputados y sigue sin definición. Las mediciones existen y se están levantando, aunque su metodología, su muestra y sus preguntas permanecen reservadas, de modo que el desenlace se construye sobre acuerdos internos cuyo contenido nadie conoce. Los aspirantes firmaron de puño y letra que la encuesta sería el método y que acatarían su resultado. Queda la palabra encuesta, sin nada alrededor que permita comprobarla, y queda vivo el compromiso que ellos asumieron, aunque el mecanismo al que se obligaron haya salido ya del alcance de cualquiera que quisiera revisarlo.

Una regla que obliga a una parte y que ninguna otra puede verificar funciona como promesa de obediencia con redacción jurídica. Saber quiénes mandan es el conocimiento que basta a los súbditos; saber bajo qué reglas mandan y cómo se comprueban es el que distingue a los ciudadanos. Una comunidad puede tener el primero completo y carecer del segundo por entero, y cuando eso ocurre empieza a comportarse de una manera reconocible: pide favores donde tendría que exigir derechos, busca a la persona que decide y no la norma que la obliga, y termina agradeciendo aquello que ya había pagado por adelantado.

La señora de los burritos entiende esa diferencia mejor que nadie, aunque no la formule con estas palabras. El día que le pavimenten la calle va a agradecerle a alguien, con nombre y apellido, una obra costeada con impuestos que ella misma cubre cada vez que compra harina y gas. Va a sentir que se acordaron de ella, que tuvo suerte, que le tocó. Esa gratitud mal dirigida es el precio que cobra un sistema donde las cosas llegan por decisión de personas y nunca por aplicación de normas, y lo cobra en la moneda más cara que existe, porque quien cree que le hicieron un favor difícilmente vuelve a exigir nada.

Publicar la lista de quienes permanecen en la medición y el criterio con que salieron los demás no requiere reformar ningún estatuto. Tampoco dar a conocer la casa encuestadora, el tamaño de muestra, las fechas de levantamiento y las preguntas textuales, si no antes, por lo menos junto con el anuncio. Un plazo anunciado y sostenido cuesta lo mismo que un aviso con veinticuatro horas de anticipación. Y hace falta una vía de revisión ante una instancia distinta de la que decide, con término cierto para resolver, porque un método que solo puede revisar quien lo aplica acaba imponiendo hechos consumados.

Quien gane también sale ganando, aunque hoy no lo parezca. El que llega bajo criterios publicados llega con una autoridad que ningún acuerdo posterior alcanza a darle, y esa diferencia se nota el primer día de gobierno, cuando hay que ordenar a los que quedaron fuera y ninguno puede alegar que lo hicieron a escondidas. El que pierde sabiendo con qué regla perdió encuentra motivos para quedarse, y no para irse a cobrar la factura con el adversario. La reserva promete unidad y produce sospecha, que es el material con el que se construyen las rupturas que dice querer evitar.

A ti, que no militas en nada y que quizá ni siquiera piensas votar por ellos, esto te alcanza igual. De ese procedimiento saldrá quien decida el presupuesto de tu ciudad, quién patrulla tu colonia y en qué condiciones estudian tus hijos. Pedir que las reglas se publiquen es el mínimo que le corresponde a quien va a vivir bajo el resultado sin haber sido invitado a la mesa, y se pide ahora, mientras todavía puede llamarse exigencia. Quedan semanas, acaso menos. Sirva esto para que el día en que por fin le pavimenten la calle a la señora de los burritos, ella pueda saber quién lo decidió y con qué regla, y no tenga que gastar en aplausos lo que le correspondía cobrar.1

En una reunión familiar alguien lee una columna en voz alta desde el teléfono. La lee completa, con entonación. Al terminar suelta la única pregunta que a todos interesa: ¿cuánto le pagaron por escribir eso? Risas. Alguien aporta un nombre. Alguien asegura que ese medio ya se vendió. La plática se va por otro rumbo y nadie regresa al texto. Ni una palabra sobre si era cierto. La escena se repite cada domingo en cocinas de todo el estado, y describe nuestra relación con la palabra pública mejor que cualquier estudio de audiencias.

La sospecha tiene fundamento. Fingir lo contrario sería deshonesto. Quienes escribimos enfrentamos un problema simple: hay pocos lugares donde hacerlo. Los medios sostienen contratos con los gobiernos, y un contrato se cuida. De ahí salen las dos rutas conocidas. Unos pagan por ser publicados y compran el espacio como quien contrata cualquier otro servicio. Otros ponen la pluma al servicio del medio que los aloja y devuelven el favor con el tono. Ninguna de las dos es monstruosa; ambas son razonables para quien come de esto. La consecuencia sí es grave: la crítica se encarece aunque sea cierta.

Esa misma sospecha tiene un segundo uso, menos noble. Cuando un texto te incomoda, la pregunta por el cheque te permite cerrarlo sin discutirlo. Es cómoda. Te ahorra el trabajo de examinar el argumento, que es la única forma de refutarlo. Y la aplicamos con puntería selectiva. Al que nos contradice le buscamos patrocinador; al que nos da la razón ni se lo preguntamos. La desconfianza universal se parece demasiado a la pereza, y acaba protegiendo justo a quienes sí cobran. Donde todos son sospechosos, nadie rinde cuentas.

Yo no he tenido que tomar ninguna de esas rutas, y en buena medida es porque vivo de otra cosa. No he cobrado por una columna ni he pagado por publicarla, y no pienso hacerlo. Es una circunstancia que se sostiene únicamente mientras yo la sostenga. Quien opina no tiene más patrimonio que ese. Un abogado responde con su cédula. Un médico responde con su nombre. Quien escribe responde con la sospecha razonable de que dice lo que piensa. Rota esa presunción, lo que queda ya no es una columna; es publicidad con mejor redacción.

Precisamente porque sostengo que la sospecha no puede ser el único criterio, me parece necesario decir con claridad a quién apoyo y por qué. Criticar sale gratis, luce valiente y consigue lectores en cualquier bando. Difícil es respaldar a alguien, porque el respaldo se lee de inmediato como recibo. Aun así lo escribo con todas sus letras: apoyo a Ismael Burgueño rumbo a la definición de MORENA en Baja California. Nadie me pagó por escribirlo, y las razones que siguen son mías, con las mismas costuras a la vista que todas las que he sostenido en este espacio.

Habría que decir también lo que puede reprochársele; callarlo sería hacer aquí lo que critico. Viene de la estructura partidista, no de la sociedad civil, y su carrera está atada al proyecto federal. De ahí sale la objeción más seria: quien debe su trayectoria al movimiento puede terminar gobernando para el movimiento antes que para el estado. No es una sospecha menor y no pretendo desactivarla con adjetivos. La dejo escrita porque un respaldo que empieza negando los riesgos no vale nada, y porque apuesto a que la trayectoria y los resultados pesan más que ese riesgo.

Esa trayectoria empezó antes de que estar ahí conviniera. Fundó el movimiento en Baja California y dirigió dos veces el comité estatal, cuando ese cargo repartía trabajo y no posiciones. Nació en Tijuana, en una casa de maestros de primaria: padre, madre y hermana frente a grupo. Eso no aparece en ningún expediente y explica más que cualquier currículum. Es una manera de entender el país, aprendida en una mesa donde el sueldo alcanzaba lo justo y aun así se hablaba de servir. Uno puede simular muchas cosas en política. El origen no.

Lo demás puede medirse, y por medible se puede discutir. El dato que a esta ciudad le costó más caro conseguir es el de la sangre: según las cifras del propio gobierno municipal, los homicidios dolosos cayeron más de la mitad durante la administración, y Tijuana acumuló trece meses consecutivos sin un solo secuestro registrado. Detrás hay un presupuesto de seguridad duplicado y mesas de coordinación que sesionan aunque no haya cámaras. Quien vivió los años en que amanecíamos contando cuerpos sabe lo que se esconde tras ese porcentaje, que es dormir de otra manera.

Hay otro frente con menos titulares y más mordida: la extorsión. Es el delito que asfixia igual a la tortillería de la esquina que a la nave industrial, el que casi nadie denuncia y del que casi nadie quiere hablar en voz alta. Su gobierno lo nombró y firmó con el sector empresarial un pacto para enfrentarlo. A eso se suma una ciudad que se ve distinta después de Ciudad Limpia, con recolección y mantenimiento urbano donde llevaba años sin haberlos. Tijuana no está resuelta, y afirmarlo sería insultar a quien vive aquí.

El lugar desde donde lo respaldo es el mismo que me permite retirarlo. Quien no cobra tampoco debe lealtades, y una opinión gratuita es revocable por definición. Si la coordinación estatal termina convertida en reparto anticipado de posiciones, lo escribiré. Si el respaldo ciudadano se administra como propiedad y no como préstamo, lo escribiré. Si llega el día en que la crítica exacta le estorbe y prefiera el aplauso, lo escribiré también, aquí y con esta firma. El apoyo que no admite condiciones se llama obediencia, aunque le pongamos adjetivos.

A ti, que lees con la guardia arriba: no te pido que aceptes mi conclusión. Te pido que examines el argumento, que es lo único que traigo. Distinguir entre quien escribe por convicción y quien escribe por encargo cuesta trabajo, y ese trabajo es tuyo. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Que esta columna no tenga factura no la vuelve verdadera. La vuelve mía, y es lo único que puedo poner sobre la mesa sin perderlo todo si lo entrego.1

Llegaste a la ventanilla con tu carpeta y un número de turno. Esperaste lo que se espera. Cuando por fin te toca, quien atiende revisa sin levantar la mirada y te dice que falta un documento, que ese trámite se hace en otra oficina, que regreses el jueves. Sales con la carpeta bajo el brazo y la frase se te forma sola en la boca: no sirven para nada. La dices en el estacionamiento, la repites en la casa, la escribes en la red social donde te leen doscientas personas. Nadie te la discute, porque casi todos han salido alguna vez de una oficina igual con la misma sentencia en los labios.

Antes de la indignación cabe una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿de dónde salió tu expectativa? A veces tiene fundamento firme, porque el requisito que te pidieron no existe en ningún lado, o porque la oficina correcta era esa y no la otra. A veces proviene de un lugar menos noble. Del recuerdo de aquella ocasión en que un conocido te resolvió el trámite en veinte minutos, del trato que crees merecer por la manera en que te presentaste, de una costumbre que ya no distingue entre lo que la norma manda y lo que a ti te acomoda. Las tres cosas producen el mismo enojo y se pronuncian con idéntica firmeza.

Sospecho que ninguno de nosotros lleva la cuenta completa. El día que te aplicaron una regla que no correspondía, protestaste con razón. El día que omitieron una que sí correspondía y saliste con tu documento en la mano antes de tiempo, no dijiste nada. Nadie escribe en la red social que la irregularidad le funcionó. La misma discrecionalidad que denuncias por la mañana la agradeces por la tarde, y el criterio que decide cuál de las dos versiones cuentas depende de qué lado del mostrador cayó el beneficio. Esa contabilidad silenciosa es más común de lo que admitimos y explica buena parte del ruido público.

Por esa rendija entra la fórmula. Cuando señalas algo con precisión, quien administra el asunto percibe la selectividad que traes cargando, y en lugar de responder a lo señalado te devuelve la pregunta: si te opones, ¿qué propones? Suena a invitación al diálogo. Funciona como clausura. En el instante en que se pronuncia, la materia se desplaza y deja de examinarse la decisión para examinarse a quien la discutió. Todos los presentes lo perciben y muy pocos lo nombran, porque la pregunta viene con modales de apertura y desarmarla parece descortesía.

El reparto de información hace el resto. Quien decide tiene el expediente, el presupuesto, el calendario y el tiempo institucional para corregir. Quien observa tiene lo que el ejercicio del poder dejó a la vista, que suele ser poco y llega tarde. Pedir a la segunda posición el producto de la primera es fijar una prueba imposible y esperar tranquilamente a que la repruebe. La propuesta nacerá incompleta, la incompletitud quedará archivada, y meses después se exhibirá como evidencia de que el señalamiento nunca tuvo sustento. El procedimiento no requiere censura y por eso resulta tan eficiente: no deja constancia de agravio.

Aquí viene la parte incómoda, y no puedo escribirla solo en segunda persona. Existe una manera de oponerse que dejó de depender de lo que ocurrió: llega antes de leer el documento, se activa con el nombre de quien firma y halla confirmación en cualquier noticia. Quien la practica casi nunca lo advierte, porque la costumbre se siente igual que la convicción y produce el mismo calor en el pecho. La he tenido yo. La reconozco cuando reviso qué me molestó exactamente y encuentro el gesto antes que el hecho, con el hecho llegando después, acomodado para que quepa en la molestia que ya traía puesta.

Conviene no confundir esa costumbre con el interés, aunque en la superficie se parezcan. Quien se opone por costumbre no calcula: adoptó una posición, la sostiene por comodidad y suele sorprenderse cuando le demuestran que esta vez la cosa salió bien. Quien se opone por interés sabe con exactitud lo que hace, porque el fracaso ajeno es su materia prima; de ahí que nunca descienda al detalle, cambie de asunto cuando el dato admite verificación y prefiera el adversario a la falla. Meterlos en el mismo costal ofende al primero y protege al segundo, que agradece la confusión y se instala en ella. Frente a este último, la pregunta por la propuesta resulta legítima y devolverla con exigencia de programa es apenas justo.

Queda una distinción que nadie puede hacer en tu lugar. Oponerse por razón cuesta trabajo: obliga a revisar si la molestia habría existido en caso de que la irregularidad te favoreciera, a nombrar la fecha, el monto y el área responsable, a sostener lo dicho cuando alguien se toma la molestia de verificarlo. Quien paga ese precio ya entregó algo utilizable aunque no lo haya redactado en forma de solución, porque señaló con exactitud el punto donde debe empezar la corrección. Ese señalamiento no exige cargo, ni programa, ni permiso de nadie.

A ti, que guardaste silencio en aquella junta porque no traías la alternativa completa: nadie la trae, tampoco quien decide. Lo que sí tenías era el dato que a los demás les faltaba. Ofrécelo con el rigor que exigirías de cualquier otro, y revisa antes tu propia contabilidad, la de los favores que no denunciaste. Cuando llegues así, la pregunta pierde filo y puedes responderla en pocas palabras: propongo que hagas tu trabajo. La frase incomoda porque devuelve el asunto a la oficina de la que salió, donde el deber de resolverlo estuvo siempre.1

La costumbre es antigua y ha sobrevivido a todos los regímenes. Donde alguien concentra decisiones aparece un séquito que se aproxima con obsequios, con elogios administrados en el momento oportuno, con esa forma de trato que en las cortes tenía nombre propio y hoy se disfraza de cercanía. Cambian los objetos y cambia el vocabulario; permanece intacto el movimiento del cuerpo que se inclina. Quien se acerca de esa manera no está pidiendo un favor todavía, está fundando una relación de la que después podrá cobrar, y suele creer que esa habilidad constituye una forma superior de inteligencia práctica.

Debajo del gesto hay una tesis sobre el poder que casi nunca se formula en voz alta: que la autoridad es propiedad de quien la ejerce, un atributo personal que puede pedirse, halagarse o comprarse en su titular. La confusión tiene una raíz comprensible, porque quien firma es un hombre, tiene nombre y tiene humor, y la orden sale de su boca delante de todos. De ahí a suponer que el poder le pertenece hay un paso muy corto que millones dan todos los días. El paso es falso, y esa falsedad termina decidiendo el destino de quienes lo dan.

El poder es una actividad concertada. Reside en el acuerdo sostenido de quienes ejecutan, informan, respaldan y obedecen, jamás en la silla ni en el hombre que la ocupa; existe mientras ese acuerdo dura y se disuelve con él, sin que nadie tenga que derribar nada. El mando se ejerce desde arriba y se origina abajo, siempre en calidad de préstamo, con un plazo cierto y con una finalidad que no pertenece a quien lo recibe. La silla es prestada. Quien se sienta en ella administra durante un tiempo aquello que le fue confiado para servir a otros.

De ahí se desprende la regla que gobierna todo lo demás. La facultad de decidir no es patrimonio; es carga. Quien la ejerce no puede disponer de ella como dispone de su casa o de sus tardes libres, porque en ningún momento del encargo llega a pertenecerle. Cada obsequio que sube hasta el escritorio pide exactamente eso: que el hombre se comporte como dueño de una facultad que solamente administra. Lo que la ofrenda solicita, con muy buenos modales y en voz baja, es una usurpación.

El regalo cumple entonces una función precisa, que consiste en trasladar al terreno privado aquello que había nacido público: la plaza, el trámite, el lugar en la lista, la resolución que debía descansar en un criterio y termina descansando en una deuda. Una botella, una invitación, un favor que no se nombra y que queda registrado de todas maneras. Puertas adentro a eso se le llama atención, cortesía, buena relación con la gente. En el expediente tiene otro nombre y una pena asociada, y quienes intervienen lo saben con exactitud; de ahí el cuidado con que escogen las palabras cuando alguien pregunta por lo ocurrido.

Toda decisión de autoridad debe sostenerse en razones capaces de resistir la revisión de un tercero. Esa exigencia es lo que separa gobernar de mandar. Quien tiene un argumento lo escribe y se expone a que lo discutan, porque su fuerza está en el argumento y no en la persona que lo pronuncia. El cortesano coloca la ofrenda en el sitio que debía ocupar la razón, con la ventaja de que a una botella nadie la contradice en una junta. La decisión que nace así nace enferma, no podrá defenderse nunca a plena luz, y quienes la firmaron lo saben desde el primer día.

Al que acepta la liturgia se le va cerrando el mundo despacio, casi con cortesía. Deja de escuchar malas noticias antes de advertirlo. Más tarde deja de recibirlas: avisar tiene costo y agradar no le cuesta nada a nadie. Termina rodeado de gente que le devuelve su propia cara con mejor luz, persuadido de que la unanimidad que lo envuelve es la medida de su fuerza, sin advertir que apenas mide su aislamiento. El acuerdo que lo sostenía se desarma en silencio, y se entera el día del derrumbe, marcando teléfonos que ya nadie contesta.

El cortesano paga su parte. Quien se dejó comprar una vez tiene un precio conocido, y el precio conocido únicamente baja con el tiempo; empieza a recibir órdenes donde antes recibía consultas, hasta que deja de ser alguien con quien vale la pena deliberar. Cuando llegue el momento de aligerar la nave será el primero en salir, porque quien recibió el regalo sabe con precisión cuánto costó y en cuánto puede reponerlo. La lealtad comprada se administra como cualquier otro gasto, hasta que estorba en el presupuesto.

A ti, que has visto pasar el sobre y volviste a tu lugar con la sospecha de ser el ingenuo de la historia, te conviene mirar la escena otra vez. El que paga por adelantado apuesta a un hombre que puede irse mañana, y compra con eso un permiso que se vence junto con la firma que lo otorgó. Lo tuyo avanza más lento y algunas veces pierde, de acuerdo; también es lo único que no cambia de dueño en cada relevo, porque un trabajo capaz de resistir la revisión te sigue perteneciendo cuando cambian los nombres de las puertas y las fotografías de los muros.

Estos personajes actúan convencidos de tener la razón y se presentan como los realistas del grupo, los únicos que entendieron de verdad cómo funcionan las cosas. Cada sobre que colocan sobre el escritorio desmiente esa convicción, porque quien tiene un mérito lo defiende y quien tiene un derecho lo exige aunque le tiemble la voz. Ellos piden lo que saben que no les correspondería jamás y necesitan comprarlo porque su caso no resiste una pregunta. Lo que dejan sobre la mesa acaba siendo el inventario puntual de todo aquello que no tienen.1

A ti, que un día amaneces con todo y al siguiente sin nada. No hace falta que corras. Basta con que no te detengas.

Tú también empezaste el año con una lista. No importa si la escribiste en una libreta o si apenas la pensaste mientras tronaban los cohetes de la medianoche: traías una idea bastante clara de cómo iban a salir las cosas en 2026. Ya llegó agosto y el año se parece muy poco a aquella lista. Hubo pérdidas que no tenías contempladas. Puertas que se cerraron con nombre y apellido. Trabajos de años que se quedaron a medias por razones que no dependían de ti. Miras el calendario con la sensación de que te entregaron el año equivocado, como quien recoge la maleta ajena en el aeropuerto y ya no alcanza a devolverla.

Hay una cuenta más incómoda que esa y casi nunca la hacemos. No es la de lo que perdiste, sino la de lo que aceptaste. Solemos imaginar el poder como una fuerza que derrota gente, y la verdad es que derrota a poquísimos; le sale caro y le deja enemigos. Su negocio verdadero es otro y es mucho más limpio: comprar. A ti no te han vencido. A ti te han hecho ofertas, varias, algunas bastante razonables, y el año que termina raspado quizá no duela por lo que se perdió en él, sino por las veces que dijiste que sí cuando en el fondo sabías que ahí empezaba el descuento.

Antes de comprarte, el sistema necesita bajarte el precio. Ese es el trabajo real de toda la ideología barata que respiramos todos los días. Los conferencistas que cobran fortunas por contar cómo se levantaron. Los videos de un minuto donde alguien te asegura que todo depende de la actitud. Las metas trimestrales que convierten a quien no las alcanza en alguien que falló y no en alguien a quien le fue mal. El despido que se anuncia como ajuste, como reestructura, como nueva etapa, para que la vergüenza se quede del lado del que se va. Un hombre convencido de que su cansancio es un defecto suyo pide menos, exige menos y acepta antes. La culpa es la mejor política de descuentos que se ha inventado.

Después llega la oferta, que casi nunca tiene la forma de un sobre ni el descaro de una propuesta indecente. Es un puesto que aparece en buen momento. Un aumento que vuelve razonable el silencio. Una invitación a la mesa donde se deciden las cosas, con la condición tácita de que en esa mesa hay temas que no se tocan. Es la junta en la que no dijiste lo que pensabas y saliste felicitado por prudente. Es el documento que firmaste sin leerlo completo, porque leerlo completo te habría obligado a algo. Nadie se vende de golpe ni se entera del día en que cambió de bando. La conveniencia trabaja despacio y siempre cobra en abonos.

Existe además una versión de la compra que no deja recibo, y por eso parece gratis. No te piden el voto ni el silencio: te piden las horas. La pantalla que se desliza sola. La indignación que dura tres días y se apaga porque ya llegó otra. El consumo que promete llenar un hueco que no es material y nunca lo llena. La atención es el material con el que se piensa, y quien te la administra decide qué alcanzas a pensar. A un pueblo entretenido no hace falta reprimirlo porque se administra solo, y sale mucho más barato. Nada de esto exige que seas cobarde. Basta con que estés cansado, que es la condición normal de casi todos.

Conviene decirlo con cuidado, porque no toda oferta es una compra. Aceptar un puesto que llegó tarde o un aumento merecido no tiene nada de indigno, y hay ascensos que sirven precisamente para hacer mejor lo que uno ya quería hacer. La señal nunca está en lo que recibes, sino en lo que dejas de poder decir después de recibirlo. Tampoco pesan igual todos los silencios. El que se guarda por comodidad y el que se guarda porque de ese empleo dependen tres personas en casa no merecen el mismo juicio, y exigir heroísmo a quien menos puede pagarlo es apenas otra versión del sermón de los conferencistas. La cláusula escondida está en otra parte: quien dice que sí una vez deja de ser alguien a quien haya que convencer. Ahí se pierde lo único que te hacía interlocutor y no empleado del acuerdo, que era la posibilidad de negarte. Quien ya no puede decir que no obedece con buenos modales y con la sensación tranquilizadora de que fue una decisión suya.

A ti, que unos días sientes que te comes al mundo y otros que el mundo te devora, va dirigido lo que sigue: no te rindas. Rendirse, en este terreno, no significa dejar de intentarlo. Significa aceptar la oferta y llamarle madurez. Ese oleaje del ánimo no es señal de que estés fallando; es lo que le ocurre a cualquiera que sostiene algo difícil durante un tiempo largo. Nadie mantiene el mismo temple trescientos sesenta y cinco días seguidos. Quien te diga lo contrario está vendiéndote algo, casi siempre un curso. Habrá mañanas en que solo puedas hacer lo mínimo, y ese mínimo cuenta más de lo que parece.

Por eso los pasos pequeños importan tanto, aunque no dejen fotografías: casi todos son negativas discretas que nadie te va a agradecer. La vez que dijiste el número real en una junta donde convenía redondearlo. La vez que no firmaste. La vez que hiciste la llamada a alguien que ya no le servía a nadie. La vez que llegaste a dar la clase completa en un salón con las butacas rotas, sabiendo que nadie iba a revisarte. La vez que estudiaste de noche, con los hijos ya dormidos y cuatro semestres todavía por delante. Ninguna de esas escenas aparecerá jamás en el manual del éxito. Todas juntas son lo único que te mantiene disponible para lo que venga.

No todo está tan mal. Te lo escribe alguien a quien el año también se le puso cuesta arriba, que es el único lugar desde donde esa frase tiene algún peso. La esperanza que vale la pena defender es terca y modesta. No promete que todo va a mejorar, porque nadie puede prometer eso con seriedad; sostiene apenas que mientras haya vida el asunto sigue abierto, y que la única derrota sin vuelta es la del que ya cobró y todavía no lo sabe. Fíjate bien en los que van con prisa. Casi siempre corren porque ya recibieron el anticipo y tienen que entregar antes de que anochezca. Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando, sin apuro y sin deudas, con el paso corto y firme de quien sabe cuánto le falta y no tiene la menor intención de detenerse.1

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En Baja California hay baches con mayor antigüedad que varios funcionarios, y con mejor historial de asistencia. Si estuvieran en nómina ya tendrían base, aguinaldo y derecho a jubilación: sobrevivieron a tres administraciones, conocieron partidos de todos los colores y siguen presentándose cada mañana, puntuales, ante los mismos automovilistas. El agua, en cambio, es impuntual: se va sin avisar y regresa cuando quiere, como ciertos diputados a sus distritos. Cualquiera pensaría que gobernar una frontera de casi cuatro millones de habitantes exige pensar en décadas. Nuestra clase política decidió que basta con pensar en meses, y en semanas cuando hay encuesta.

Rumbo a 2027 desfilan los nombres: Ismael Burgueño, Julieta Ramírez, Ruiz Uribe, Armando Ayala, Evangelina Moreno. Todos hablan de progreso y del segundo piso de la transformación. La metáfora resulta involuntariamente exacta: el segundo piso se construye arriba, lejos del pavimento, y desde esa altura el bache ya no se ve. Pregunto sin ironía dónde está el proyecto de largo aliento de cada uno: el plan hídrico a veinte años, la apuesta educativa, la ciudad que imaginan para 2050. Que no lo escondan más: no existe. Existen giras, lonas y mediciones de julio. Y eso apenas en la gubernatura: escaleras abajo, entre quienes aspiran a diputaciones, alcaldías y regidurías, el paisaje se repite con menos reflectores y el mismo horizonte corto.

Sería cómodo concluir que se burlan de nosotros. Ojalá fuera eso: la burla, al menos, exige tenernos presentes. Con una ventaja de dos a uno sobre la oposición, la elección verdadera será la interna, y en esa asamblea el ciudadano carece de credencial. Los aspirantes no cortejan al votante: cortejan al dedo que designa, y el dedo no maneja por avenidas destrozadas ni abre una llave para encontrarla seca. El cortoplacismo, visto así, deja de ser un defecto de carácter y se revela como la conducta racional de un sistema donde la visión larga no reparte candidaturas.

Lo que se juega en 2027 son biografías completas, aunque casi nadie lo formule así. El muchacho que hoy tramita su primera credencial elegirá al gobierno bajo el cual cursará entera su carrera universitaria; la joven de veinticinco decidirá quién administra el mercado donde buscará su primer contrato serio. A los cuarenta se vota por el sexenio de la propia consolidación, ese tramo de la vida donde ya no queda tiempo para gobiernos de aprendizaje. Quien ronda los sesenta está eligiendo, sin saberlo del todo, al que vigilará su fondo de retiro y las escuelas donde estudiarán sus nietos. Ninguna boleta lo advierte, pero cada casilla es una ventanilla de empeño: entregamos seis años de vida a cambio del papelito de una promesa.

Aldea es cualquier lugar donde el poder no alcanza a imaginar la década siguiente, y con esa vara medimos mal: hay ciudades de cien mil habitantes gobernadas con ambición de siglo y fronteras de millones administradas con calendario de quincena. Baja California pertenece hoy al segundo grupo, y ahí seguirá mientras las candidaturas premien la lealtad de pasillo por encima de la arquitectura de futuro. Se inaugurarán obras, desde luego, y se cortarán listones; la pregunta es a cuántos años mira cada listón. Mientras tanto, el bache amanece cada día en su lugar, con la paciencia de quien sabe que va a sobrevivirnos. Es, hasta nuevo aviso, el único actor de nuestra vida pública con auténtica visión de largo plazo.1

La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana cumple cien años este sábado, y los centenarios corren siempre el mismo riesgo: convertirse en desfile de fechas. Los siglos institucionales se entienden mejor en las personas que los encarnan que en las efemérides que los adornan. Si hubiera que elegir a un solo hombre para contar lo que la Cámara ha significado en su época reciente, el nombre sale solo: Pedro Romero Torres-Torija, a quien la prensa bautizó hace años como el zar de la frontera. El apodo le queda por lo que sugiere de influencia, aunque le queda mejor por lo que calla: los zares reinan desde un trono, y él ha ejercido lo suyo sin necesitar ninguno.

Su trayectoria es el catálogo de lo que el comercio tijuanense produce cuando hace escuela. Presidió la CANACO, el Consejo de Desarrollo de Tijuana y el Consejo Coordinador Empresarial; encabezó el Comité de Defensa de la Zona Libre y coordinó la Zona Económica Fronteriza. Empresario del comercio, del turismo y del desarrollo urbano, aprendió en el mostrador lo que ningún posgrado enseña: que representar intereses reales, con resultados verificables, ante poderes que no se eligen a modo, es la forma más exigente de la vida pública. Ahí se distingue el hombre público del simple dirigente, y Romero entendió temprano que el gremio es una plataforma de ciudad antes que una cuota de poder.

Su obra mayor tiene nombre de causa: la frontera. Defendió la zona libre cuando defenderla parecía nostalgia de otro siglo, y construyó pieza por pieza la propuesta de reducir el IVA y el ISR en la franja fronteriza. Un amigo suyo de muchos años, que en 2018 ganó la presidencia de la República, hizo de esa propuesta programa de gobierno y lo nombró responsable de los estímulos fiscales ante los seis gobernadores del norte. La historia guarda una ironía amable: aquella agenda la presentó en tribuna una joven diputada federal llamada Marina del Pilar Ávila. Pocas causas nacidas en un mostrador tijuanense han llegado tan lejos ni han aliviado tantos bolsillos de este lado de la línea.

En 2020 buscó la candidatura de Morena al gobierno del estado, registrado entre los llamados no alineados, con obra verificable y sin clan que colocar. La interna favoreció otra cosa, y ahí empezó lo verdaderamente interesante de su biografía política: no fundó corriente, no cobró agravios, no se marchó al exilio del resentido. Volvió a lo suyo. En 2024 coordinó la transición del gobierno municipal de Tijuana y hoy se le describe, en las crónicas del morenismo bajacaliforniano, como líder moral y hacedor de reyes. Hay hombres que necesitan el cargo para tener poder; a otros el poder los busca aunque no carguen título alguno. Romero pertenece a la segunda estirpe, que es siempre la más escasa.

El centenario encuentra a la Cámara con memoria y con brújula: bajo la presidencia de Olivaldo Paz Gómez se exhibe en sus instalaciones un archivo de cien fotografías que recorre la ciudad desde 1878, y la gala de este 25 de julio cierra la cuenta regresiva iniciada hace un año. Cumplir cien años es un mérito institucional; haber formado, en el camino, hombres de la talla de sus mejores presidentes es un mérito de ciudad. A los comerciantes de Tijuana, a sus dirigentes de ayer y de hoy, el reconocimiento que se debe a quienes construyeron orden donde solo había cruce. Que el segundo siglo de la Cámara produzca más hombres como el zar que no quiso trono, porque de esos se hacen las ciudades que duran.1

Toda civilización se mide por aquello que se prohíbe a sí misma. La nuestra tardó siglos en prohibirse algo que hoy damos por evidente y que entonces fue una herejía: condenar a un hombre antes de escucharlo. La presunción de inocencia no nació como técnica jurídica, sino como una renuncia. La renuncia de la comunidad a su impulso más antiguo, que es señalar a uno y descargar sobre él la tensión de todos. Detrás de esa garantía hay una intuición que costó hogueras comprender: que la verdad no se decide por el número de voces que la afirman, y que entre la sospecha y el castigo debe interponerse algo que no es el clamor, sino la prueba. Ese intervalo, ese espacio donde el acusado todavía no es culpable, es la frontera más delgada entre la justicia y la turba.

Esa frontera se está borrando sin que nadie haya derogado una ley. No hace falta reformar nada cuando el castigo migra de los tribunales a las pantallas. La sentencia ya no la firma un juez; la pronuncia una multitud que no delibera, que no escucha descargos, que no concede la última palabra al señalado porque el señalado nunca supo a tiempo que estaba siendo juzgado. El veredicto se ejecuta antes del proceso, y cuando la víctima alcanza a defenderse, el expediente ya se archivó en la indiferencia del siguiente escándalo. Hemos construido un tribunal perfecto, en el sentido en que lo serían los peores: uno donde la acusación y la condena son el mismo acto.

Conviene desconfiar de las explicaciones que hoy se ofrecen para este fenómeno. Se ha vuelto costumbre describir la conducta de quien participa en una campaña de descrédito como un mecanismo psicológico, casi un acto involuntario: sesgo de grupo, contagio emocional, ese miedo ancestral a quedar fuera de la manada. La descripción no es falsa, pero cumple una función sospechosa. Convierte una decisión en un reflejo, y al hacerlo, absuelve. Si linchar es un impulso del cerebro y no una elección de la persona, entonces nadie es responsable, porque todos seríamos, en el fondo, víctimas de nuestra propia biología. Es la coartada más elegante jamás diseñada: la que disuelve la culpa repartiéndola entre millones.

Pero la responsabilidad no se evapora porque sea incómoda. Entre el estímulo y la acción, en el ser humano, hay siempre un intervalo, y en ese intervalo habita lo único que nos distingue de la jauría: la posibilidad de detenernos a preguntar si lo que vamos a hacer es justo. Quien difunde una acusación que no verificó no obedeció a su neurología; renunció a su juicio. Decidió que la voz del grupo le ahorraba el trabajo de pensar. Y esa renuncia, repetida en silencio por miles de personas que se creen espectadoras inocentes, es lo que transforma un rumor en una condena social. La crueldad de las multitudes nunca fue obra de la multitud, sino de cada uno de los que la componen creyéndose disueltos en ella.

Hay además un dato que la lectura psicológica deja convenientemente en penumbra, y es el del poder. Las campañas de destrucción de la reputación ajena rara vez son espontáneas. Tienen origen, tienen método y, sobre todo, tienen beneficiario. Alguien decide qué versión circula primero, en qué círculo se siembra, con qué palabra exacta se nombra al adversario. La indignación de la masa no surge sola: se cultiva. Y quien la cultiva sabe que no necesita ensuciarse las manos, porque habrá miles dispuestos a hacerlo gratis, convencidos de obrar por convicción cuando apenas están sirviendo a un cálculo que no alcanzan a ver. Lo que se presenta como furia ciudadana es, muchas veces, una operación con autor. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre la política y su falsificación.

Quien escribe estas líneas conoce el asunto desde dentro, no como teoría sino como experiencia, y precisamente por eso se niega a tratarlo como anécdota. Lo que importa no es quién ocupó el lugar del acusado, sino lo que ese lugar revela: que la calumnia viaja con una velocidad que ninguna verdad puede igualar, y que para cuando la rectificación llega, ya no queda a quién corregir, porque el público se mudó de juicio. Desde esa certeza puede afirmarse algo que ninguna explicación complaciente reconoce. El daño no lo causa un mecanismo abstracto. Lo causan decisiones concretas, tomadas por personas concretas, que pudieron detenerse y eligieron no hacerlo.

Es aquí donde la libertad de expresión, invocada tantas veces como salvoconducto, exige ser entendida con seriedad. Ese derecho es el oxígeno de toda sociedad libre, y nada de lo dicho pretende estrecharlo. Pero ningún derecho fue concebido para devorar a los demás. La libertad de criticar al poder, de incomodar a quien gobierna, de disentir en voz alta, no es ni ha sido nunca la libertad de aniquilar el nombre de una persona sin una sola prueba. Confundir ambas cosas no es defender la libertad: es prostituirla, usarla de máscara para ejercer una violencia que, cometida desde la autoridad, llamaríamos abuso sin dudarlo un instante. El que destruye amparado en su derecho a opinar no ejerce una libertad; ejerce una impunidad.

Queda, por último, la ilusión que sostiene todo el edificio: la creencia de que la distancia de la pantalla equivale a invisibilidad. No es así. El medio que parece disolver al individuo en la masa es, en realidad, el que mejor conserva su rastro. Quien amplifica una infamia no desaparece en el anonimato del número; deja su firma en un registro que sobrevive a su entusiasmo. La multitud que condena cree no responder por nada, ampararse en el todos lo hicieron que ha justificado las peores cosas. Se equivoca. En el tribunal que no existe no hay jueces, pero hay actos, y cada acto conserva el nombre de quien lo cometió, aunque ese nombre crea haberse perdido entre los demás.

La presunción de inocencia, al final, no se defiende en los códigos ni en las salas de los tribunales. Se defiende en un lugar mucho más modesto y mucho más decisivo: el instante privado en que alguien recibe una acusación y debe elegir entre creerla o examinarla, entre sumarse al coro o sostener su propio criterio. En ese gesto diminuto, multiplicado por millones cada día, se juega la pregunta que define a una época. Si seguimos siendo herederos de aquella renuncia civilizatoria que exige pruebas antes de condenar, o si, con mejores herramientas y peor memoria, hemos regresado a la lógica de la hoguera, donde bastaba que alguien gritara para que la leña hiciera el resto.1

Epicteto fue esclavo. Conviene recordarlo cada vez que alguien nos cita el estoicismo como manual de productividad. El hombre que formuló la dicotomía más célebre de aquella escuela —hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no— sabía exactamente de qué hablaba cuando se refería a lo segundo. Su fórmula no era una invitación a ignorar el mundo. Era una herramienta para soportarlo con dignidad. Veintiún siglos después, una industria editorial millonaria ha invertido el sentido original: ahora todo depende de uno, y quien fracasa carga con la culpa entera de su fracaso.

Lo que circula hoy bajo el nombre de estoicismo es una versión amputada, despolitizada, vendida en formato de infografía. El fenómeno se reconoce a primera vista. Aparecen por redes esas imágenes de dos figuras estilizadas, una en rojo y otra en verde, que ilustran cinco hábitos contrapuestos: uno gasta todo, el otro ahorra; uno compra pasivos, el otro activos; uno busca comodidad, el otro construye disciplina. El mensaje implícito, y por implícito más eficaz, es que la diferencia entre la pobreza y la riqueza cabe en cinco decisiones individuales.

Dos hombres, mismo salario, resultados distintos, dice el encabezado. Suena razonable. Lo es, en cierto modo. La premisa esconde una ficción descomunal: que el salario, las cargas familiares, la salud, el barrio donde uno nace y la herencia recibida son variables intercambiables, y que lo único decisivo es la voluntad. Quien diseñó la infografía no quiso engañar a nadie. Solo repitió, en lenguaje gráfico, el catecismo de su tiempo. Un catecismo que premia al disciplinado y condena al cansado.

Pensemos en la cajera del supermercado que termina su turno a las diez de la noche y todavía debe atravesar dos transbordes para llegar a casa. Su jornada, contando traslados, ronda las catorce horas. Tiene dos hijos en edad escolar. Cuando paga renta, transporte, luz, gas y la despensa básica, no le queda nada que ahorrar. Pensemos en el maestro que da clases en tres turnos porque su plaza no alcanza para sostener a la familia. Pensemos en el comerciante cuya venta cayó treinta por ciento porque abrieron una cadena en la esquina. La infografía les dice, con sus monitos de palitos, que la culpa es suya.

El discurso funciona porque toca una fibra real. Nadie quiere sentirse víctima. Todos preferimos pensar que tenemos algún margen de maniobra, alguna palanca, algún resorte interior que podamos accionar para mejorar nuestra suerte. La intuición es noble y necesaria. El problema aparece en el salto lógico que se construye sobre ella: del algo depende de mí se pasa, sin escala intermedia, al todo depende de mí. De ahí se desliza la conclusión inevitable: quienes han fracasado son culpables de su fracaso, y quienes han triunfado son virtuosos por su triunfo.

Ningún ser humano se construye en el vacío. Cada uno de nosotros llega a la edad adulta cargando una mochila invisible que contiene la educación de nuestros padres, las redes de afecto que nos sostuvieron en la infancia, la calidad del agua que bebimos, el código postal donde fuimos a la escuela, el idioma que se hablaba en casa, los libros que había o no había en la estantería. La voluntad opera siempre sobre un terreno previo, jamás en el aire. Afirmar que el carácter es destino equivale a sostener que dos corredores parten en igualdad de condiciones aunque uno arranque cien metros adelante.

Conviene detenerse aquí. Los estoicos antiguos eran hombres profundamente cívicos. Marco Aurelio gobernaba un imperio, Séneca aconsejaba a un emperador, Cicerón —que no fue estoico pero los leyó con devoción— murió defendiendo la República. Para todos ellos, la virtud personal era inseparable de la responsabilidad pública. La disciplina interior tenía sentido porque servía a una comunidad, a una polis, a un orden compartido. Ejercitarse uno mismo formaba parte del cuidado del mundo común, no su sustituto.

La versión contemporánea ha extirpado esa dimensión por completo. El estoicismo de los manuales de productividad es un estoicismo sin ciudad, sin prójimo, sin más horizonte que el balance bancario propio. Las diez lecciones que tanto se reproducen hablan de fuerza interior, atención plena, propósito personal, gratificación retrasada. Ninguna menciona la justicia, la solidaridad, la deuda con los que vinieron antes, la responsabilidad con los que vendrán después. Una antropología sin sociedad. Un sujeto sin mundo.

Quizá esa sea la operación más profunda de toda esta corriente: convencernos de que el mundo no nos concierne. Que los salarios injustos son problema del que los acepta. Que la salud pública precaria no nos afecta porque nosotros pagamos seguro privado. Que la educación deficiente es asunto de cada familia. Que el bien común es una ilusión sentimental que estorba al individuo emprendedor. La filosofía nos ofrece, a cambio de nuestra disciplina, la promesa íntima de un destino propio. El precio que cobra es elevado: renunciar a la idea misma de comunidad.

Hay otra forma de leer a Epicteto. La verdadera, la que el esclavo dejó escrita antes de que los manuales le secuestraran el nombre. Aquella que sabe que la dignidad no se construye contra los demás, sino con ellos. Que el dominio de sí mismo cobra sentido cuando sirve a un mundo común, no cuando lo reemplaza. Que la disciplina personal, sin justicia social, es apenas otro modo de soledad. Y que ningún destino se cumple verdaderamente si, al final del camino, uno descubre que ha llegado solo.1

Un maestro o una maestra en México gana, en promedio, alrededor de dieciséis mil pesos al mes. Con eso debe pagar renta, alimentar a su familia, vestir a sus hijos, llegar puntual al aula con la camisa limpia, la mirada despierta y seguir siendo, para su alumnado, la figura de autoridad que su propia vida le niega. Hoy, viernes quince de mayo, le darán el día y un reconocimiento simbólico. El lunes volverá a un aula que nadie mira.

Así celebra México a su magisterio: con un día libre, un reconocimiento y trescientos sesenta y cuatro días de olvido. Conmemorar un día al año a quienes enseñan, mientras los otros los dejamos solos, no es una incongruencia: es una coartada. Permite saldar, con un gesto, una deuda que es estructural, material y moral. La trampa de la efeméride es perfecta: quien la critica parece desagradecido y quien la celebra queda en paz consigo mismo. Mientras tanto, en el aula, no cambia nada.

Quien crea que exagero, que pase una semana en cualquier plantel público del país. Verá a la maestra que llega a las siete y media y se va pasadas las cinco porque la dirección le pidió “evidencias fotográficas” del proyecto transversal. Verá al profesor que tiene veinte horas a la semana en un plantel y otras veinte en otro —porque con una sola plaza nadie sobrevive— y que cruza la ciudad entre clase y clase para llegar al segundo turno con el pulso acelerado y la voz cansada. Verá a la docente que recibe, en una misma semana, quejas personales ajenas al aula, reclamos por decisiones que nunca tomó y acusaciones abiertamente falsas; y que, mientras intenta responder a todas con paciencia profesional, descubre que en un grupo de Facebook circula una versión más cruda de la misma historia, con su nombre, su fotografía y la invitación tácita al linchamiento digital. Y verá, sobre todo, que cuando esa maestra busca respaldo institucional, encuentra una autoridad que prefiere el cálculo político al deber elemental: ceder ante quien grita más fuerte sale más barato que defender a quien enseña.

Ese es el verdadero rostro del Día del Maestro. No el del reconocimiento: el de la soledad institucional. El magisterio mexicano enseña con una sospecha de origen colgada del cuello —presunto culpable hasta demostrar lo contrario, sin presunción de inocencia, sin debido proceso, sin más defensa que la que pueda improvisar entre clase y clase—. La autoridad pedagógica, que durante generaciones fue el piso sobre el que se construía la enseñanza, ha sido demolida. Y ha sido demolida no por las familias —que llegan, muchas, desbordadas y desinformadas, no malintencionadas—, sino por una autoridad educativa que ha dejado de respaldar al magisterio porque respaldarlo cuesta. Cuesta enfrentar a un padre o una madre furiosa. Cuesta sostener una decisión técnica frente a una queja viral. Cuesta, sobre todo, asumir que la escuela no es un servicio al cliente sino una institución republicana, y que sus docentes no son empleados de atención al usuario sino servidores de algo más grande.

Lo material agrava lo moral. Un magisterio mal pagado es un magisterio que el Estado puede tratar mal sin consecuencias políticas. Por eso los salarios no suben con la urgencia que deberían; por eso las plazas se entregan con la lentitud que conviene; por eso las plataformas administrativas multiplican los formatos hasta convertir la enseñanza en la actividad residual del oficio. Hay maestras y maestros que dedican más horas a documentar que enseñaron, que a enseñar. Y hay un lenguaje oficial que, al hablar del magisterio, lo describe como si su tarea fuera contener al alumnado durante una jornada, como si la formación de una generación fuera la guarda temporal de un objeto ajeno. Esa mirada delata el lugar que el sistema reserva, en realidad, a quien enseña: no el de una profesional a la que se respeta, sino el de una empleada a la que se administra.

Sin embargo, la docencia resiste. Resiste porque sigue siendo uno de los pocos actos públicos que descansa enteramente en la confianza. La maestra, el maestro, recibe a una niña, a un adolescente, a un joven, y devuelve algo que no se mide en horas ni en estadísticas: la posibilidad de que ese ser humano se reconozca en el mundo y participe de él. Es un gesto civilizatorio antes que profesional. Es un pacto antiguo: las familias y la república confían lo más valioso que tienen, y alguien se compromete a formarlo. Donde ese pacto se rompe —donde la confianza cede a la vigilancia, la escucha a la queja, el respaldo a la sospecha— ya no hay escuela. Hay vigilancia con pizarrón.

Propongo algo distinto. Que el reconocimiento al magisterio deje de habitar en un día y empiece a habitar en una práctica diaria, costosa y verificable. A la autoridad educativa: que respalde a quien enseña cuando es injustamente acusada o acusado, aunque políticamente convenga lo contrario; que pague lo que el oficio merece, no lo que el presupuesto tolera; que desmonte la simulación administrativa que confunde la enseñanza con su fotografía. A las familias: que recuerden que enviar a una hija o un hijo al aula es un acto de confianza, no la apertura de un expediente; y que toda queja, antes de volverse viral, merece la conversación cara a cara que casi nadie sostiene. A la sociedad: que distinga entre quien falla —que existe, como en todo oficio— y el magisterio que sostiene, día con día, lo poco o lo mucho que aún funciona del país. Sin esa distinción, perderemos a los buenos antes de saber que los teníamos.

Volvamos a la maestra, al maestro, de los dieciséis mil pesos. Hoy no llegará al aula: es su día. Mañana sábado tampoco. Pero el lunes, sí. Acomodará las sillas, escribirá la fecha, repasará mentalmente lo que dirá. No habrá flores ni discursos: habrá un gesto silencioso, repetido, civilizatorio, que el país no sabe ver. Si algo merece ser conmemorado, no es el día que sobra: son los días que, sin que nadie los nombre, sostienen el país. Y mientras sigamos celebrando uno para no atender los otros, el Día del Maestro será exactamente lo que hoy es: el día en que la república finge, durante veinticuatro horas, que recuerda a quienes la sostienen.1

En estos días de registros, precandidaturas y sonrisas que duran exactamente lo que tarda una cámara en encenderse, la política mexicana entra en una fase particularmente reveladora. No por lo que dice, sino por lo que evita decir. Los partidos se llenan de aspirantes que, más que presentarse, se deslizan. No son todavía candidatas o candidatos, pero ya actúan como tales; no tienen plataforma definida, pero ensayan discursos como si la tuvieran. Es ahí donde emerge, con nitidez casi pedagógica, el O.P.N.I.: figuras que orbitan entre posiciones sin fijarse del todo en ninguna. No lo digo desde el sarcasmo cómodo, lo digo desde una inquietud concreta: cuando el proceso de selección se vuelve opaco, la democracia empieza a perder densidad.

Las luchas intestinas, que en otro momento podían entenderse como parte natural de la competencia interna, hoy adquieren un tono distinto. No es solo disputa por espacios, es una batalla por la narrativa que permita sobrevivir sin comprometerse demasiado. Quien se define, se expone; quien se expone, pierde margen de maniobra. Entonces aparecen perfiles que hablan en clave, que ensayan adhesiones que no firman, que se alinean sin alinearse. El resultado es un catálogo de aspirantes difícil de leer, donde la diferencia entre proyecto político y estrategia de posicionamiento se vuelve casi imperceptible. Y mientras tanto, el electorado observa ese movimiento con una mezcla de familiaridad y sospecha, como quien ya ha visto la función, pero igual se queda por si esta vez cambia el final.

En este contexto, el O.P.N.I. cumple una función precisa: administrar la incertidumbre. Sirve para no romper con nadie antes de tiempo, para no cerrar puertas que aún no se han terminado de abrir. Es una figura útil, sin duda. El problema es que esa utilidad es estrictamente interna, partidista, casi de quirófano político. Hacia afuera, lo que proyecta es una sensación de cálculo permanente, de decisiones tomadas más en función de equilibrios internos que de convicciones públicas. Y eso, aunque se disfrace de habilidad, termina erosionando la credibilidad. Porque una cosa es negociar en privado y otra muy distinta es no tener nada claro que ofrecer en público.

El fenómeno tiene, además, una dimensión que conviene nombrar: no aparece por azar. Cuando los métodos internos de selección privilegian la encuesta sobre la plataforma, y la disciplina sobre la deliberación, la ambigüedad deja de ser un defecto personal y se convierte en una estrategia racional. El aspirante que se define, pierde; el que se desliza, sobrevive. Visto así, el O.P.N.I. no es una anomalía del sistema sino su consecuencia previsible. Y eso obliga a desplazar la pregunta: no se trata solo de qué ofrecen las y los aspirantes, sino de qué tipo de competencia interna estamos premiando cuando la indefinición rinde más que la convicción.

El punto, entonces, no es reírse del fenómeno, aunque material no falta. El punto es entender sus implicaciones. Una democracia que normaliza la indefinición como estrategia corre el riesgo de vaciarse de contenido. Porque si las candidaturas se construyen desde la ambigüedad, el mandato que eventualmente reciban también será ambiguo. Y gobernar desde la ambigüedad no es gobernar, es administrar inercias. No es una crítica moral, es una advertencia funcional. En algún momento, el O.P.N.I. tendrá que aterrizar. La pregunta es si, cuando lo haga, todavía habrá condiciones para exigirle algo más que una buena puesta en escena.1

Hay manos que se extienden por reflejo, manos que se extienden por costumbre y, de vez en cuando, una mano que se extiende porque su dueño todavía cree que vale la pena hacerlo, incluso a las nueve de la noche, en mitad del frío, después de una jornada larga. De esas, vi una la semana pasada.

Iba yo, lo confieso, con el escepticismo a cuestas que dan los años de mirar política de cerca. La entrega de un sendero seguro no es el género donde uno espera aprender nada nuevo: hay un protocolo, hay fotos, hay discursos breves y, casi siempre, hay prisa. Esa noche no había prisa.

Ismael Burgueño llegó puntual, como suele. Con escolta, claro, pero sin la comitiva de altos funcionarios que tantas veces convierte estos actos en coreografía. Llegó cansado, —la jornada se le notaba en los hombros— a un lugar donde lo esperaban personas con altas funciones. Entre ellas, una cuya presencia afectuosa y protectora habrá de acompañarlo, intuyo, mucho más allá del mandato. Hay vínculos que no se nombran en los organigramas, pero que sostienen, en silencio, las decisiones de quien manda.

Pese al frío, pese al cansancio, pese a la hora, escuchó. Escuchó a quienes le repetían peticiones que él, desde el inicio, ya había encauzado. Escuchó una y otra y otra vez. Miré sus manos mientras lo hacía: quietas, abiertas, dispuestas. Las manos de las personas apuradas se cierran. Las suyas no.

Entonces me presentaron. “Mi compañero”, le dijeron. Volteó, sonrió y me extendió la mano. Le hice llegar los saludos de una persona especial para mí. —y en buena medida, una persona especial también para él- De esas que, como se dice, cierran la cuña. Le pregunté si había leído las columnas que le hice llegar. Me dijo que sí, agradeció. Hablamos quince segundos, a lo sumo.

He pensado mucho, en estos días, en lo que vi esa noche y he llegado a algo que no sé si sé decir bien, pero que voy a intentar. Atender a quien viene a pedir es lo natural en la política: ahí está la cámara, ahí está la deuda, ahí está el oficio. Lo más difícil, lo que casi nadie hace, es detenerse ante quien no viene a pedir nada. Ante quien solo está ahí, mirando, juzgando en silencio, formándose una opinión que no le va a cobrar a uno con un voto al día siguiente. A esa persona no se le debe nada y sin embargo, fue conmigo —que era esa persona— con quien aquel alcalde cansado se detuvo quince segundos.

No quiero hacer con esto una teoría. Pero algo pasa cuando uno recibe atención sin haberla pedido. Uno entiende, de pronto, que el otro no estaba calculando. Que estaba, sencillamente, presente y la presencia, en política, es la cosa más rara del mundo.

El resto de la obra acompaña esa misma manera de estar. La instalación reciente del Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Urbano, ese gesto de abrirle la mesa a la academia y a la sociedad civil. El trabajo sostenido en seguridad, que ha movido la percepción ciudadana en una frontera que nunca da tregua. Las decisiones cotidianas, las que no se festejan, las que solo entiende quien las firma. Es trabajo. Y el trabajo, en el servicio público, es la forma más alta de respeto a quienes confiaron el mandato. Por eso, a quienes hemos visto de cerca esa manera de estar, no nos cuesta desearle el mejor de los vientos en los caminos que vengan.

Tijuana es una ciudad difícil. Lo ha sido siempre, porque las ciudades de frontera cargan con tensiones que no caben en un trienio. Por eso importa que quien la gobierna entienda que el cargo se sostiene, se habita y se lleva en las manos. En las manos abiertas que escuchan. Pero, sobre todo, en las manos que se quedan abiertas cuando ya no hay nadie pidiendo nada.

Salí de aquella noche con el escepticismo desarmado y con una imagen que no he olvidado: la de un hombre cansado, sonriendo, ofreciendo la mano sin razón para ofrecerla. Las imágenes así, cuando son verdaderas, conviene escribirlas.

Para que no se olviden.1

Los nombres de Luisa María Alcalde, Andrés López Beltrán, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel dominaron la semana pasada la conversación pública sobre MORENA , casi siempre en clave de quién sale y quién se queda. La cuestión decisiva está en otro registro. Lo que se manifiesta no es una crisis súbita, sino el desenlace previsible de un diseño que postergó indefinidamente la resolución de su propia tensión interna. Hablar de resquebrajamiento presupone una cohesión orgánica anterior, y esa cohesión nunca existió en términos institucionales. Existió otra cosa, más frágil de lo que aparentaba: una convergencia funcional sostenida por la gravitación de un liderazgo dominante.

La unidad del partido fue siempre política en sentido estricto, anclada en la figura de Andrés Manuel López Obrador y conviene nombrar las consecuencias de ese anclaje sin eufemismos. Una arquitectura sostenida por la legitimidad de una sola voz debilita la mediación interna, vuelve episódica la negociación y reemplaza las reglas estables por la lealtad personal como criterio último de disciplina. La cuestión, entonces, no se ubica únicamente en quién dirige hoy la organización. Se ubica en la lógica fundacional bajo la cual fue construida, y que ahora reclama sus costos diferidos en cada relevo, en cada designación disputada, en cada pausa que deja de aguantar.

Los señalamientos sobre la supuesta falta de capacidad de negociación de la dirigencia saliente resultan, en el mejor de los casos, incompletos. Negociar presupone reconocer interlocutores con poder propio, capaces de obligar y de ser obligados, y ese reconocimiento nunca formó parte del ADN dominante de la organización. La heterogeneidad de los cuadros morenistas no se agota en trayectorias ideológicas dispares ni en estilos de práctica política diferenciados. Incluye diferencias reales de proyecto: quienes apuestan por profundizar la transformación con mayor estatismo, quienes prefieren un pragmatismo económico y territorial y; corrientes que oscilan entre vocaciones movimientistas y lógicas clientelares con anclaje regional. Esa diversidad estratégica jamás fue procesada institucionalmente. Fue contenida por una centralidad incuestionada, y mientras esa centralidad operó con plena autoridad, la diversidad no estalló: quedó en pausa, que es algo cualitativamente distinto de quedar resuelta.

Esa pausa empezó a romperse a la vista de todos. La pugna por la dirigencia nacional, los desencuentros entre figuras del Ejecutivo y del Legislativo, las fricciones en torno a candidaturas locales y la circulación de versiones contradictorias sobre decisiones internas componen un cuadro reconocible. Son la primera generación de conflictos que ya no encuentran a un árbitro con autoridad indiscutible para zanjarlos. El árbitro fundacional existe y conserva influencia considerable, aunque su capacidad de cierre disminuyó.

Lo significativo es que el vacío no fue ocupado por reglas internas ni por instancias deliberativas del partido, sino por otro centro de gravedad: la Presidencia de la República. El relevo de Alcalde, la salida de López Beltrán, el ascenso anunciado de Montiel y el papel asignado a Citlalli Hernández no son lecturas de la militancia ni resultados de un proceso orgánico. Son ajustes operados desde el Ejecutivo federal, lo cual confirma la tesis estructural por una vía que el discurso oficial preferiría no enunciar: el árbitro cambió, el modelo no.

La conversación de la semana pasada se concentró casi por completo en quién sale. Conviene fijar la mirada en quién llega, y sobre todo en con quien llega, porque ahí se juega el dato menos comentado y más significativo. De concretarse el arribo de Ariadna Montiel a la dirigencia, no estaríamos ante un relevo administrativo ni ante una sustitución de perfiles equivalentes. Estaríamos ante el reposicionamiento de un equipo político con identidad propia, oficio acumulado y trayectoria reconocible: el que durante décadas ha encabezado el profesor René Bejarano Martínez. Un hombre con talante, con escuela y con la cualidad cada vez más infrecuente de saber hacer política en sentido estricto, con tiempos largos y lectura fina de correlaciones.

Ese desplazamiento exige una lectura distinta del momento. La llegada de un equipo con esas características no se explica por azar ni por simpatía coyuntural, sino porque la organización requiere, aunque no lo enuncie con esas palabras, una capacidad de mediación que la conducción carismática volvió prescindible durante años. El profesor Bejarano y su equipo aportan precisamente lo que la lógica fundacional del partido nunca cultivó: oficio para procesar disensos, gramática para negociar entre cuadros heterogéneos, paciencia estratégica para construir mayorías internas que no dependan de una sola voz.

Conviene, sin embargo, no confundir registros. El oficio negociador resuelve disensos tácticos, pero las tensiones estratégicas de MORENA —el saldo de la reforma electoral fallida, la relación con PT y PVEM, la definición del rumbo pos-AMLO— operan en una escala que rebasa la mediación. Ese tipo de fracturas requiere reglas, no buenos oficios.
Ningún partido sostiene indefinidamente una conducción vertical sin pagar costos en su vida interna. La democracia intrapartidista no es un ornamento del régimen ni una concesión retórica al pluralismo. Es una condición de viabilidad cuando los liderazgos cambian, cuando las generaciones se relevan, cuando la fuente original de legitimidad ya no alcanza para todo. Mientras las reglas son difusas y las decisiones se concentran, la transición deja de ser un relevo ordenado y se convierte en una prueba de resistencia para la organización entera. Ahí se ubica hoy Morena, más cerca de una redefinición forzada que de una ruptura estridente.

La incomodidad mayor es de otro orden, y conviene formularla sin atenuarla. ¿Puede un partido construido sobre una legitimidad personal transformarse en una organización con institucionalidad propia mientras la fuente original de esa legitimidad sigue activa? Mi lectura es que no, al menos no en este ciclo, salvo que la incorporación de cuadros con oficio mediador opere con márgenes reales de decisión y no como escenografía de pluralidad. La historia de los partidos construidos sobre una sola voz —el peronismo en sus distintas etapas, el chavismo después de Chávez, incluso el PRI de los años dorados antes de su declive— enseña que las transiciones suelen ser traumáticas o incompletas. MORENA no escapa a esa familia de problemas. La institucionalización exige que el poder se distribuya bajo reglas que limitan a quien hoy lo concentra, y ese movimiento rara vez ocurre por convicción de los actores dominantes. Ocurre por desgaste, por correlación de fuerzas modificada, por la presencia de actores capaces de obligar al cambio.

Reducir el momento actual a los nombres de quienes salen es una forma elegante de eludir la discusión que importa. La encrucijada es nítida y admite, en términos prácticos, dos desenlaces. Uno conduce a un partido de cuadros con reglas estables, capaz de procesar internamente sus disensos sin pedir prestado al Ejecutivo el árbitro que le falta. El otro deriva en una federación de caudillos regionales y corrientes que conviven por lealtades personales superpuestas, hasta que esas lealtades dejan de coincidir. Lo verdaderamente significativo de esta semana no fue la salida anunciada de unos, sino la entrada que se prepara para otros y, con ella, la confirmación de que el árbitro sigue estando fuera del partido. MORENA se institucionalizará cuando ya no le quede otra opción, y esa opción puede empezar a cerrarse antes de lo que el debate público advierte.1